Duro revés de la Eurocámara a los pozos ilegales y al proyecto de gas en Doñana
El Parlamento Europeo tiene en el punto de mira desde hace tiempo al Parque Nacional de Doñana, dado su alto valor medioambiental. Vigila las amenazas que se ciernen sobre la zona, tanto que en septiembre del año pasado una delegación de la institución comunitaria visitó el parque para conocer «in situ» su problemática y los riesgos que entrañan diversos proyectos situados en su órbita. Ayer, la comisión de peticiones de la Eurocámara instó a las «autoridades nacionales, regionales, locales y a la Autoridad del Agua del Guadalquivir» a frenar dos peligros acuciantes: los pozos ilegales y el proyecto de gaseoducto. Una clara mayoría del organismo aprobó el informe elaborado por la comisión, que obtuvo 17 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones. Junto a ello, exige la «apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras».
El informe exige «una purificación más efectiva del agua que fluye hacia Doñana y que se reduzca la contaminación generalizada de la agricultura y el origen industrial». Señala, no obstante, que «no toda la agricultura en el área de Huelva es una amenaza para el parque, sino la extracción ilegal e incontrolada de agua y un control continuo del agua que fluye hacia Doñana».
Con todo, el documentos recomienda a todas las autoridades responsables que «trabajen juntas» para «suspender inmediatamente todos los permisos otorgados hasta que se resuelvan todas las irregularidades detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental».
Los diputados señalan su «profunda preocupación», ya que se aprobó una autorización parcial para desarrollar un proyecto privado para almacenar gas en el subsuelo de Doñana «sin solicitar una evaluación de impacto ambiental completa y holística que incluyera una evaluación sísmica y una evaluación de impacto combinada». Recuerda además que «el proyecto no puede dividirse en cuatro subproyectos diferentes para evitar evaluar su impacto combinado». También se pide a la Comisión Europea que «evalúe todo el expediente e informe por escrito sobre la idoneidad de las evaluaciones de impacto ambiental».
Además, en otro párrafo, solicitan «la retirada provisional de estos trabajos y que se detengan inmediatamente los pasos en el proyecto de gas para garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la UE».
La comisión que visitó Doñana estuvo presidida por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (PPE) y compuesta por el griego Miltiados Kyrkos (S&D), y el austriaco Thomas Waitz (Verdes/ALE), así como por los eurodiputados españoles Rosa Estarás (PPE), Soledad Cabezón (S&D) y Florent Marcellesi (Verdes/ALE). Durante la visita se mantuvieron encuentros con denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y miembros del Gobierno central, junto a organizaciones ecologistas como la Plataforma Salvemos Doñana, WWF y Ecologistas en Acción, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, responsables de Gas Natural Fenosa-Naturgy y otros afectados.
La eurodiputada Estarás recordó que su grupo había introducido varias enmiendas en las que se defendía la necesidad de proteger a los agricultores y el cierre de los pozos que son ilegales. «No estamos de acuerdo con que se prohíba completamente la extracción de agua porque hay riesgos legales y hay que garantizar la seguridad jurídica de los agricultores», explicó. Por su parte, Cabezón aseguró que el informe «respalda» el trabajo que ha realizado el anterior Gobierno socialista de la Junta.