El Botànic estrena legislatura con deberes pendientes en materia de urbanismo

En los últimos meses de la pasada legislatura Les Corts lograron aprobar una reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que cambiaba sustancialmente la que el PP dejó aprobada.

No obstante, esta reforma quedó a medias. Se quedó una importante modificación por hacer. Se trata de la fianza que se exigirá a los promotores de los denominados ahora Proyectos de Inversión Estratégicas Sostenibles (PIES).

La ley se publicó en el DOGV sin los cambios propuestos por los partidos que conforman el Consell y a día de hoy, aquellos que quieran poner en marcha un proyecto de inversión deben presentar una garantía financiera de «al menos el diez por ciento de la cuantía de las obras de urbanización».

En el cambio propuesto a los grupos parlamentarios después de que la ley quedase aprobada en el pleno de Les Corts se recogía cambiar esta condición para que esta fianza fuese de «hasta el diez por ciento».

PSPV, Compromís y Podemos trataron de acometer esta variación antes de que la ley saliese publicada, pero para ello, hacía falta la firma del PP, que se negó a hacerlo. En aquel momento justificaron esta negativa en la manera en la que se negoció la norma.

Ya había advertido en diferentes ocasiones que la tramitación de la misma había sido caótica y que ahora no podía realizarse una modificación tan importante con la excusa de que se habían producido «errores técnicos».

Además, los populares afirman que no están de acuerdo con la redacción propuesta puesto que la misma permitiría que el aval se solicite de manera arbitraria y por tanto, en función de si el proyecto es del agrado del responsable de las políticas de urbanismo. Defienden que la ley debe fijar una cantidad para todos los proyectos y proponen un porcentaje del dos por ciento.

La disputa por el urbanismo, en la mesa de negociación de la constitución del Gobierno valenciano

Las competencias en medio ambiente y urbanismo está dando mucho que hablar en las negociaciones para conformar el nuevo Consell. El hecho de que la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, dejara sus competencias como la representante socialista de la Mesa de Les Corts, abrió las quinielas sobre el futuro de esta Conselleria antes que ninguna. De momento, todo apunta a que se desgajarán las áreas y que habrá un Departamento de Vivienda que se quedará Podemos. Sobre la mesa de negociación está todavía qué ocurrirá con las competencias de urbanismo y medio ambiente. Los sectores empresariales han sido muy críticos con la gestión desarrollada por Compromís al frente del área de medio ambiente, acusan a este partido de haber frenado operaciones de gran importancia económica como Puerto Mediterráneo. La previsión es que las Conselleries queden definidas mañana, dos días antes de la sesión de investidura.