La Abogacía crea el primer registro de morosos
El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado el primer registro de morosos, con el que se buscará reducir los impagos y dotar de mayor transparencia al sistema judicial y financiero. El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) permitirá recopilar información de los deudores y reclamar la deudas reconocidas por una resolución judicial firme. De esta forma, los abogados disponen de una herramienta con la que podrán introducir datos de los morosos y la cantidad pendiente de pago, según ha explicado la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Pese a que la recogida de datos puede resultar controvertida, el registro “cumple con todas las bendiciones legales, con lo valores deontológicos, con la protección del derecho al honor y con la normativa de protección de datos”, ha asegurado el tesorero del Consejo, Rafael Bonmatí.
La Abogacía estima que sólo un 20% de las deudas están registradas. Éstas, normalmente, son casos relacionados con las compañías eléctricas, telefónicas o entidades financieras, pero el resto no se suelen registrar. Es por ello que Bonmatí ha comparado la morosidad en España “con un iceberg”. Los impagos de las pensiones de alimentos, las deudas entre particulares, los incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancía, e incluso la morosidad de instituciones condenadas a pagar por la justicia, podrán aparecer reflejados en este registro, con validez en toda España y que, por primera vez, contemplará las deudas contraídas con los letrados en concepto de honorarios.
Los abogados podrán acceder a la herramienta con su carnet de colegiado. Una vez cuenten con la autorización de sus clientes, podrán incluir los datos de aquella persona sobre la que recae una condena firme, cuya deuda sea superior a 50 euros y con un máximo de cinco años de antigüedad. El coste del servicio será de 29 euros, según informa Ep.
Según los últimos datos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2017 se ejecutaron cerca de 2,4 millones de sentencias, de las cuales miles fueron incumplidas o “tienen un cobro infructuoso” que deja a los ciudadanos “indefensos ante los morosos”. Para Ortega, este “déficit” limita la eficacia de la tutela judicial efectiva, generando una serie de consecuencias negativas “para el conjunto de la economía”.