La Junta de Castilla y León estudiará los discordantes datos que existen en las listas de espera
El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco estudiará, con los gerentes de las hospitales de Castilla y León, los discordantes datos que existen en las listas de espera sanitairas en nuestra Comunidad.
Así lo anunció el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. «Queremos ser transaparentes y aclarar todas las cifras para que la gente no se sienta engañada», aseguró.
Y es que, según señaló Igea se han detectado que un total de 8.928 pacientes no figuran en la lista de espera estructural quirúrgica y más de 61.000 en la de consulta. «Es difícil que se deba al azar -añadió-, y que tanta gente rechace de forma voluntaria querer operarse o realizarse una prueba médica, por eso queremos saber que pasa».
«No presuponemos nada, lo normal es que haya un poco de todo, pero lo que tenemos que saber es cuántos pacientes están esperando y el tiempo que esperan para poder tomar las decisiones adecuadas», subrayó.
El vicepresidente de la Junta aseguró que «no se trata de buscar culpables sino de mejorar nuestros sistemas de información», aunque garantizó que si se trata de una manipulación habrá «consecuencias».
Además, Igea anunció que antes de que finalice el año la consejera de Sanidad, Verónica Casado, presentará la nueva propuesta para las zonas de salud de la Atención Primaria.
También en materia sanitaria, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico informó de que la Consejería cerrará el año con 808 millones por encima de lo recogido en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018, que se prorrogaron en este ejercicio. Por ello, se habilitará una comisión de coordinación con Economía y Hacienda para determinar la fórmula con la que se aborda esta situación financiera.
Asimismo, el portavoz avanzó que ya se trabaja para reforzar la protección y la seguridad jurídica de los denunciantes de corrupción en la Administración regional, para mejorar la lucha contra estas situaciones.
Por último, Igea dijo que un nuevo decreto dejará las competencias sobre las escuelas infantiles, que atienden a los niños hasta los tres años, pasen a ser una competencia de Consejería de Educación y no de Familia e Igualdad de Oportunidades.