Sánchez contempla resucitar los «viernes sociales» con la subida a los funcionarios antes del 10-N
El anuncio de nuevas elecciones tras la incapacidad de los partidos para llegar a acuerdos de legislatura y la condición de interinidad del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez han dejado en el aire los incrementos salariales de los empleados públicos, cuyas prestaciones subirían únicamente al 0,25% si se aplica el índice de revalorización automático o quedarían inmediatamente congelados si no se tomara ninguna medida.
Todavía no han trascendido ninguna de las posibles salidas que el Gobierno en funciones tiene a su disposición para solventar la situación. El Congreso aprobó en enero un decreto para establecer las retribuciones en el Sector Público este año, que contemplaba una subida del 2,25% para los casi tres millones millones de empleados públicos. Pero ahora, con el Ejecutivo en funciones y con unas elecciones a la vista, esa posibilidad está prácticamente descartada. O no. La interinidad dota al Consejo de Ministros de la atribución de poder presentar un decreto ley por motivos de urgencia o de interés general para la nación. De este modo, la posibilidad de aprobar esta subida, aunque remota, no es descartable aduciendo alguna de estas dos razones. Nadie en el Gobierno ha confirmado esta opción, pero tampoco ha sido descartada, por lo que la oportunidad de apuntarse este tanto de cara a la opinión pública y resucitar sus controvertidos «viernes sociales» antes de los comicios de 10-N existe.
Ante el temor de que los sueldos de los trabajadores públicos queden congelados, CC OO, UGT y CSIF –los tres sindicatos mayoritarios de los funcionarios– exigieron a través de una carta al presidente Sánchez que garantice la subida salarial pactada para el próximo año. Los sindicatos reclaman que «se busquen las soluciones normativas» que garanticen la subida salarial prevista, del 2% fijo y hasta un 1% adicional en función del crecimiento económico, a pesar de las limitaciones jurídicas derivadas del Gobierno en funciones,
El Ejecutivo no quiere enturbiar las aguas del funcionariado español, sobre todo tras la carta, en la que los sindicatos recordaron a Sánchez todos los compromisos adquiridos y pendientes, especialmente en materia de empleo público, y le mostraron su preocupación por la situación de bloqueo institucional, del que advierten que está generando «graves consecuencias» para los servicios públicos y para sus casi tres millones de trabajadores.
En 2020, se debería aplicar el acuerdo trianual firmado con los sindicatos mayoritarios del sector público en 2018, cuando la Presidencia del Gobierno estaba en manos de Mariano Rajoy, y que incluía un alza salarial de hasta el 8,79% en términos acumulados en todo el periodo.
En concreto, los trabajadores tendrían derecho a percibir en 2020 un aumento del 2% fijo, que se elevaría otro 1% en función de la marcha del PIB –si su incremento se sitúa en el 2,5% o superior–. El acuerdo también contempla que, en el caso de cumplirse el objetivo de estabilidad presupuestaria –el déficit público– se añadiría una subida adicional del 0,55%. Para funcionarios autonómicos y municipales, el acuerdo prevé que cada administración pueda destinar otro 0,30% de su masa salarial para fondos adicionales.
Además de la subida salarial para casi tres millones de funcionarios públicos, también quedarían pendientes de una subida ligada al IPC –como prometió el presidente– casi nueve millones de pensionistas. A ellos habría que sumar 3,1 millones de desempleados que cobran algún tipo de prestación y los 1,3 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo interprofesional. En total, casi 16 millones de afectados.
Lo habitual es que todos estos incrementos fuesen aprobados en Consejo de Ministros antes de terminar el curso, para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente, pero en la situación actual esto es una incógnita.