El SAF pide que se abra juicio oral contra el ex alcalde de Granada y otros 18 ex cargos
Una avalancha de palabras de 30 folios. Eso es lo que compone el escrito que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para solicitar la apertura de juicio oral contra 19 personas, entre las que se encuentra el ex alcalde socialista de Granada Francisco Cuenca, como autores de los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental tipificados en los artículos 402, 404, 436, 441 y 390 del Código Penal. ¿El motivo? La contratación de servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección de cursos de formación ocupacional (F. P. O.) desde distintos organismos centrales y provinciales dependientes de la Dirección General de Economía Social del Gobierno autonómico durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
De acuerdo al relato desgranado en el documento judicial, al que tuvo acceso LA RAZÓN, los investigados «se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo» ciertas tareas, pese a que «la ejecución de éstas formaría parte de las potestades que se encuentran reservadas» por el ordenamiento jurídico español a «los funcionarios públicos». O dicho de otro modo: habrían procedido «de forma injusta y arbitraria» a atribuir a externos «la detentación de funciones públicas», es decir, de trabajos que «la ley atribuye –con carácter exclusivo y excluyente– a integrantes de la función pública».
Las potestades presuntamente «usurpadas» estuvieron relacionadas con «tareas de seguimiento, control y verificación de la ejecución de cursos de formación profesional para la economía social y jornadas técnicas de difusión en las ocho provincias andaluzas programados por la Dirección General de Economía Social para los referidos ejercicios 2010, 2011 y 2012».
A lo señalado habría que sumar «la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas». Unos documentos que, según advirtió el SAF al órgano judicial, «cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la ‘Junta de Andalucía’» e incluso del «Fondo Social Europeo». Además de que «aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica oficial ‘Por la Administración (El Inspector)’, quedando así materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, sin ser inspectores oficiales» de la Administración regional. Es más, sí figuraban «indebidamente» como tales, de acuerdo a lo reflejado en el escrito de la organización sindical, en el «expediente administrativo» al que dicha documentación estaba destinada.
El SAF recuerda al juzgado que sólo los funcionarios pueden, «en el marco de actuación de una Administración pública», realizar actuaciones o desempeñar labores de «evaluación, control, vigilancia e inspección, autorizatorias o de propuesta de resolución», al tratarse de «funciones netamente administrativas y suponer» su ejecución «una participación, directa o indirecta, en el ejercicio el poder público».
Al enmarcar lo sucedido, el sindicato anota también que se adjudicaron contratas a «empleados que trabajaban en el propio órgano contratante» y que podrían haber efectuado el encargo «sin necesidad de promover al propio tiempo en su favor un contrato menor de servicios». En algunos casos sin que las entidades beneficiarias cumplieran «con los requisitos exigibles básicos» para ser contratadas.
Solicitan penas de hasta 8 años
Por lo que respecta en concreto a Cuenca, el SAF lo acusa de, «en su calidad de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía», haber supuestamente efectuado «la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución» de actividades formativas en el territorio granadino durante un periodo de dos años: «2010 y 2011». La organización sindical pide para la casi veintena de encausados en este proceso judicial penas que van desde los ocho años de prisión y lo 23 de inhabilitación, a los dos años de cárcel y la década de inhabilitación.