Bruselas pide a España un ajuste extra de 9.600 millones de euros
Bruselas marca el terreno. En plenas negociaciones con Podemos para un eventual Gobierno de coalición, el Ejecutivo comunitario recuerda al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que su prioridad debe ser la reducción de la deuda. Además, muestra su preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones y pide un un nuevo presupuesto lo antes posible para tapar el creciente agujero en las cuentas públicas, debido al incremento del gasto en las cuentas de 2020.
Tras examinar con detenimiento el anteproyecto de presupuestos enviado por nuestro país el 15 de octubre, Bruselas concluye que existe un riesgo de «desviación significativa» respecto a las compromisos suscritos con nuestros socios europeos en la reducción del déficit público. Aunque la convocatoria de nuevas elecciones impidió al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez acordar unos nuevos presupuestos y se ha limitado a una nueva prórroga, en su Plan de Estabilidad enviado a Bruselas el Ejecutivo sí incluyó la revalorización de las pensiones en un 0,9% y el alza salarial de los funcionarios en un 2% a través de Decreto- Ley. Este incremento del gasto no ha venido acompañado de una subida de los impuestos ya que el Gobierno no consiguió los suficientes apoyos para poner en marcha promesas como el nuevo tributo a las transacciones financieras ni el impuesto a los gigantes financieros, la conocida como tasa Google. Por eso, ahora Bruselas estima un empeoramiento en el gasto público del 1% del PIB en 2020, a pesar de que nuestros socios europeos nos habían pedido que este no excediera el 0,9%.
Este desfase ha conllevado que España tenga serios problemas para llegar al 0,65% del PIB (7.800 millones) de esfuerzo estructural en la reducción del déficit, un ajuste no dependiente de los vientos a favor o en contra del ciclo económico. Este desvío implica que la nueva brecha se sitúe en el 0,8% del PIB. Esta cifra supone que España debe realizar un ajuste extra a través de reducción del gasto o aumento de impuesto de 9.600 millones de euros para tapar este socavón. El rapapolvo no termina aquí. Además, Bruselas considera que España tampoco está realizando «avances suficientes» en la reducción de la deuda y calcula que esta tan solo bajará hasta el 96,6% el año que viene. A su vez, pide que cualquier ingreso extra vaya destinado a reducir este parámetro.
Tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, el Ejecutivo comunitario también ve con especial preocupación la sostenibilidad de las pensiones. Cree que los progresos han sido «limitados» y demanda «medidas compensatorias» para paliar que su subida siga ligado al IPC y el retraso en la puesta en marcha del «factor de sostenibilidad», por el que la cuantía de las pensiones queda supeditada a la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Fuentes comunitarias no precisan qué medidas debe poner en marcha nuestro país y consideran que ese debate debe abordarse dentro del Pacto de Toledo. A pesar de esto, muestran con claridad la incertidumbre que pesa sobre el sistema español dado la curva demográfica. «Siempre ha sido un asunto que nos ha preocupado. Se pueden aumentar los gastos, pero hay que ver cómo los financias a largo plazo», explican. Para estas mismas fuentes, no hay dudas de que el riesgo de que el sistema se vuelva insostenible es «muy alto».
Dentro de las reformas, Bruselas también afea a nuestro país que el plan enviado no anuncie ninguna revisión de la norma de gasto dentro la Ley de Estabilidad ni que se pongan en marcha los mecanismos para corregir las desviaciones fiscales automáticamente. El documento también menciona que la puesta en marcha de la estrategia de licitaciones ha sido retrasada. Bruselas concluye su análisis de las cuentas españolas pidiendo nuevos presupuestos «lo antes posible».