El horizonte legal de Daniel Sancho en Tailandia
La decisión de declararse culpable o inocente corresponde única y exclusivamente al acusado. [[LINK:TAG|||tag|||64d104dffae321783d36e007|||Daniel Sancho]] confesó el domingo en un interrogatorio en la comisaría de Koh Phangan haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta, por lo que el tribunal tendría la capacidad de reducir la condena a la mitad como máximo. El joven de 29 años dijo no haberse sentido forzado por las autoridades. «Me tratan muy bien, la Policía me trata muy bien, de hecho de lo bien que me tratan estoy cenando con ellos en un hotel de la isla de Anantara, el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Y me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso», declaró este lunes en Telecinco.
El fiscal no está autorizado a recomendar la pena. Su papel es el de presentar hechos e información al tribunal para establecer la culpabilidad de un acusado y solicitar al tribunal que lo castigue de acuerdo con las disposiciones de la ley. El sistema de jurado no existe en Tailandia, por lo tanto, es facultad exclusiva e independiente del juez que preside el tribunal decidir la culpabilidad o inocencia de un acusado y, en caso de sentencia condenatoria, determinar la pena.
El sistema judicial del país asiático consta de tres niveles de tribunales: los Tribunales de Primera Instancia, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. Todos los casos deben iniciarse en un Tribunal de Primera Instancia. Y en términos generales, la ley estipula que todos los procedimientos se lleven a cabo en audiencia pública y en presencia del acusado.
En el caso de un delito punible con una pena máxima de prisión de 10 años o más, independientemente de la pena con o sin multa, el tribunal está facultado para conceder varios períodos sucesivos de detención que no excedan de 12 días cada uno, pero el período total no excederá de 84 días. Sancho ha ingresado este lunes en el penal de Koh Samui, en el sur de Tailandia, donde permanecerá 10 días aislado en cumplimiento del protocolo sanitario de Covid-19. Sus abogados habían pedido libertad provisional, una solicitud que ha sido denegada por la gravedad del delito. No obstante, no suele ser habitual que se conceda.
Según el Convenio de Viena, las autoridades tailandesas también están obligadas a enviar cualquier comunicación dirigida a una oficina consular, como ha ocurrido en este caso. En un caso castigado con la pena de muerte, como podría ser este, el tribunal está obligado a designar un abogado defensor independientemente de si el acusado ha solicitado o no servicios jurídicos de oficio. Sin embargo, Sancho cuenta ya con la asistencia jurídica de un despacho particular de Bangkok contratado por sus padres, informa la Agencia EFE.
El hijo del actor Rodolfo Sancho y la actriz Silvia Bronchalo –y nieto del difunto Félix Ángel Sancho Gracia– podría ser trasladado a España para cumplir una hipotética pena de prisión en caso de no ser condenado en Tailandia a pena capital, reservada para homicidios agravados y habitualmente conmutada por la cadena perpetua, informa EFE. Aunque entre ambos países no existe un acuerdo de extradición.
Las partes, sin embargo, rubricaron en 1983 un acuerdo para la ejecución de sentencias penales mediante el cual podrían solicitar la entrega de un ciudadano nacional una vez condenado en el otro país para cumplir parte de la pena que se le haya impuesto. En este sentido, Sancho será juzgado en Tailandia, y España podría reclamar su entrega una vez condenado por un tribunal del país asiático. Un escenario que depende de si la sentencia es firme y si la condena no es la pena de muerte.
La posibilidad de una entrega a España también sería posible de ser condenado Sancho por un homicidio «no agravado» del artículo 288 del Código Penal tailandés, que contempla la cadena perpetua y penas de entre 15 y 20 años de cárcel, añade EFE. En ese escenario, y según subraya el acuerdo firmado por España y Tailandia, sería el país donde el reo ha sido juzgado y condenado quien decidiera si conmutar o reducir la pena para su ejecución en el país reclamante.
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