La Audiencia reafirma a García Castellón al frente de la investigación por terrorismo a Tsunami Democràtic

La Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de recusación presentado por el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, para intentar apartar al magistrado Manuel García Castellón de la investigación por terrorismo a Tsunami Democràtic por las protestas callejeras contra la sentencia del "procés" en otoño de 2019, una de las causas afectadas por la entrada en vigor de la futura ley de amnistía.

Así lo ha decidido la magistrada de la Sala de lo Penal Carolina Rius al acordar el archivo definitivo de esa petición, que la defensa de Alay planteó argumentando una supuesta pérdida de imparcialidad del juez García Castellón por unas manifestaciones sobre la amnistía en Orense.

El pasado diciembre, la Audiencia Nacional ya rechazó la pretensión de Alay -investigado en esta causa al igual que, entre otros, la secretaria general de ERC Marta Rovira, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuya imputación ha pedido al Tribunal Supremo (TS) García Castellón-, señalando dos defectos formales que ahora la Sala de lo Penal entiende que siguen sin subsanarse.

Y es que la Audiencia advirtió a Alay de que el escrito de recusación "por exigencia legal" debe estar firmado por letrado y procurador para poder ser admitido.

En su resolución, la magistrada concluye que "no habiéndose subsanado el defecto formal en el escrito de recusación" y habiendo ya transcurrido "un tiempo superior" al fijado legalmente" procede la inadmisión de esta recusación y el consiguiente archivo definitivo". Una decisión, añade, contra la que no cabe recurso alguno.

Durante su intervención en el Foro de la Región de Orense, García Castellón aseguró preguntado sobre la amnistía que "por un mínimo de prudencia" y dado que instruye "asuntos relacionados" con la futura medida de gracia no podía pronunciarse al respecto. Pero añadió que pese a que en la Constitución no está prohibida expresamente la esclavitud "y sin embargo no es posible". Y aludió a que los líderes del "procés" han hecho gala de que "en cuanto puedan van a volver a repetirlo", por lo que se preguntó si la amnistía será "la primera de muchas".

Para la defensa de Alay, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, abogado a su vez de Carles Puigdemont, con estas palabras el instructor "mostró su opinión con respecto a la futura ley de amnistía" que, "llegado el caso, podrá ser de aplicación al procedimiento que viene instruyendo por espacio de cuatro años y que, a la vista de sus manifestaciones, rechaza de plano".

"Rechazo que, evidentemente -añadía- apunta al interés del magistrado por el presente procedimiento y su terminación hasta el punto de llegar a comparar una futura ley de amnistía con la esclavitud".

Alay cuestionó la imparcialidad del instructor

El abogado objetó que de esta forma se vulneraba el derecho a un juez imparcial de Alay e insistió en que "la imparcialidad judicial es una exigencia obligada" que deriva del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Al margen de la decisión del Tribunal Supremo sobre una posible imputación de Puigdemont, García Castellón está pendiente de la resolución que acuerde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respecto al recurso interpuesto por la Fiscalía, que no aprecia indicios suficientes que justifiquen la imputación por terrorismos del expresidente de la Generalitat.

En la medida en que la proposición de ley de amnistía, a la espera de lo que suceda con el trámite de enmiendas, obliga a archivar también las causas por terrorismo vinculadas al "procés" siempre que no haya recaído sentencia firme, la causa de Tsunami Democràtic será una de las que queden en papel mojado, como sucederá con el procedimiento contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), pendiente de juicio.