Las encuestas de Moncloa no detectan cambio en la Xunta
El desembarco de este fin de semana en Galicia de las direcciones nacionales del PSOE y del PP es el anticipo de lo que se les viene encima a los gallegos en los próximos días. No es para nada lo habitual, porque Galicia suele tener un microclima que no se mueve tanto como otros territorios al ritmo de la máquina de la política nacional, pero estos comicios serán una excepción, consecuencia, a su vez, de la excepcionalidad que rige también en Madrid.
Las urnas del 18 de febrero serán el primer examen de la amnistía y de las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez para mantenerse en Moncloa, pese a no haber sido la fuerza más votada en las últimas elecciones generales. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y candidato, buscará la confrontación con el jefe del Ejecutivo y con sus socios independentistas y Sánchez no rehuirá ese cuerpo a cuerpo, como tampoco lo hizo en las últimas elecciones autonómicas y municipales contra el criterio de sus dirigentes regionales. De momento, la campaña que ha puesto en marcha la izquierda contra la Xunta y contra el PP, con motivo del vertido de «pellets» en la costa gallega, no parece que esté siendo un instrumento eficaz para alterar los equilibrios electorales y abrir la puerta a un cambio político en la Xunta. Los datos demoscópicos que manejan a estas alturas los partidos coinciden, con pocas diferencias, en confirmar que el PP mantiene su mayoría absoluta, en que no hay demanda de cambio entre los gallegos y en que tampoco ha calado entre el votante de la izquierda la campaña para identificar los «pellets» con la catástrofe medioambiental del petrolero Prestige. Ahora, por delante hay un mes, tiempo suficiente para que en política pase lo más insospechado.
Feijóo tendrá un protagonismo principal en esta nueva contienda electoral, y su discurso nacional -contra la amnistía, las cesiones al independentismo y la ruptura del principio de igualdad-, condicionará por completo una campaña que se espera muy bronca y en la que los temas más del territorio quedarán ensombrecidos por los otros debates que conducen la política del Congreso de los Diputados. El líder del PP no puede permitirse una derrota en su tierra, y es quien más se juega en estos comicios. Pero los socialistas navegan por aguas revueltas, a pesar de que ya han asumido como consolidada su tercera posición, por detrás del BNG, y su reto se reduce a ver si son capaces de mejorar en algún escaño con respecto a las anteriores autonómicas. Mientras que el BNG, salvo sorpresa, se consolidará como la alternativa de gobierno en la izquierda, pero sin posibilidades de alcanzar la Presidencia de la Xunta.
Galicia será el primer test, pero la amnistía estará, asimismo, en la agenda de la campaña vasca y de la europeas. Los independentistas también se presentan a estas elecciones europeas, en las que Carles Puigdemont ya ha anunciado que aspira a ser candidato, y, como tal, lo que le interesa es que quede claro que a Cataluña le viene bien darle más poder a él para mantener «el secuestro del Gobierno de España».
Al PSOE se le ha adelantado, además, la implosión del choque judicial con motivo de la amnistía. Estaba dado por descontado una vez que se aprobase la ley, un trámite previsto para finales de abril, pero en el camino se les ha cruzado el juez Manuel García Castellón y su decisión de afianzar la acusación de terrorismo que amenaza a Puigdemont. En el transcurso de la primera campaña electoral de este semestre, la gallega, avanzará una convulsa tramitación parlamentaria de la amnistía en la que Junts y ERC mantienen vivas sus enmiendas para que los delitos de terrorismo estén mejor protegidos en la ley, de manera que ésta afecte sin duda a Tsunami y al grupo radicalizado de los comités de defensa de la república (CDR). Este martes se debaten en la comisión de Justicia estas enmiendas y los partidos independentistas siguen considerando que todavía tienen margen para ajustar mejor el texto y blindar a Puigdemont de las acusaciones de García Castellón.
Por cierto, en el equipo del presidente hay quienes ven en la guerra judicial una oportunidad para movilizar al electorado, pero la parte más jurídica del Gabinete observa con enorme preocupación la batalla campal a la que se circunscriben las relaciones del Gobierno con el Poder Judicial porque «sólo puede ir a peor», «se están dando pasos irreversibles» y esto «acaba desestabilizando la imagen del Ejecutivo también a nivel internacional». Además, éste no es el único frente porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha colocado de nuevo en la diana a los empresarios para recuperar capital político y electoral en su guerra particular con Podemos. El balance lo resume así un ex ministro: «Hay un Gobierno en minoría, en manos de los independentistas y enfrentado al Poder Judicial y al poder económico, aunque esta última guerra esté mucho más disimulada».