Bruselas retrasa la aplicación de la ley sobre deforestación

El pragmatismo a la hora de luchar contra el cambio climático se impone. La Eurocámara votó hoy a favor de posponer un año la entrada en vigor de la normativa sobre deforestación con el objetivo de que las empresas y los países terceros puedan adaptarse.

La Unión Europea intenta conciliar su defensa de la lucha contra el cambio climático y la apertura comercial, una de sus señas de identidad . La Eurocámara votó el pasado 19 de abril de 2023 una nueva legislación que busca evitar que las importaciones de ciertas materias primas y derivados, que llegan al club comunitario procedentes de terceros países, sean causantes de la deforestación en los territorios de origen.

Entre estos productos se encuentra el aceite de palma, la carne de vacuno, la soja, el café, la madera o el chocolate. Según la ONU, el ritmo de destrucción de hectáreas de bosques asciende cada año a 10 millones, lo que supone una superficie equivalente a Portugal. En los últimos 30 años, entre 1990 y 2020 se estima que el planeta ha perdido un territorio equiparable al de la UE. El aceite de palma y la soja suponen dos tercios del total.

Geolocalización

Para poner coto a la entrada de estos productos, las empresas tendrán que informar a las autoridades comunitarias sobre las coordenadas de geolocalización de la producción. Para verificar estos datos, podrán realizarse inspecciones y controles que incluyan técnicas sofisticadas como análisis de ADN o incluso la vigilancia vía satélite. La normativa prohíbe que los productos hayan sido cultivados en tierras deforestadas después de 2020. Además, también será necesario que los importadores comprueben que se han respetado los derechos humanos, con especial atención a los de los pueblos indígenas.

Transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor de esta nueva normativa, la Comisión pondrá en marcha un análisis de los países de origen de los productos según su nivel de riesgo. Esta clasificación es la que determinará el tipo de controles. En el caso de los Estados considerados de alto riesgo, los Estados miembros de la UE tendrán obligación de verificar el 9% de las importaciones. Las empresas que vulneren esta normativa podrán ser castigadas con multas equivalentes de hasta el 4% de su facturación total en territorio comunitario .

En un principio esta normativa debía entrar en vigor el 30 de diciembre de 2023, pero el pleno ha votado por 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones que las grandes empresas respeten esta nueva legislación a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras las pequeñas tendrán que hacerlo a partir del 30 de junio de 2026.

La votación de ayer no solo se limita a retrasar la aplicación sino que también ha enmendado el texto inicialmente aprobado al introducir una nueva categoría de países considerados «sin riesgos». Esta última clasificación se enfrentará a requisitos menos estrictos ya que se considera que estos lugares de origen suponen un riesgo insignificante o inexistente de deforestación.

Evaluación comparativa

La Comisión tendrá que finalizar un sistema de evaluación comparativa por país a más tardar el 30 de junio de 2025.

Todo indica que, si no hay cambios o marchas atrás, esta normativa puede ser tan solo el principio. Está previsto que un año después de la entrada en vigor de la ley el Ejecutivo comunitario evalúe su extensión a otras tierras boscosas como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina y antes de dos años, la Comisión Europea analizará si debe incluir otras materias primas como el maíz o las carnes de cabra, oveja, cerdo y aves de corral.

Las organizaciones ecologistas han reprobado este retraso en la aplicación de esta nueva normativa que había sido criticada por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda O Canadá.

En un comunicado, Greenpeace señala que «Von der Leyen ( la presidenta de la Comisión Europea) bien podría haber empuñado la motosierra ella misma» ya que «ha condenado los bosques del mundo a otro año de destrucción como resultado del consumo europeo». Bruselas justifica esta decisión en la necesidad de aclarar las condiciones para su aplicación y la necesidad de apoyar a los pequeños agricultores en América Latina.