Rechazan una pensión por incapacidad permanente de 2.600 euros con las dos piernas amputadas por tener la edad de jubilación
La pensión por incapacidad permanente es una prestación contributiva que concede el sistema de la Seguridad Social a trabajadores que pierden su capacidad para desempeñar su trabajo a causa de enfermedad o accidente. En pleno 2026, los datos registrados exponen que hay más de un millón de personas cobrando esta asistencia económica. La ley española contempla cuatro grados de incapacidad cada uno con un nivel diferente de protección económica según el alcance de la limitación funcional del trabajador.
En el caso de la incapacidad permanente parcial, se trata de una indemnización equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora, que se paga en un único pago en lugar de como pensión vitalicia. En los demás grados la prestación es una pensión mensual vitalicia, diseñada para compensar la pérdida sostenida de ingresos por la imposibilidad de trabajar. Esta estructura permite que los trabajadores afectados puedan mantener un nivel de vida digno a pesar de sus limitaciones laborales. En cuanto a cuantías, los trabajadores con incapacidad permanente total suelen percibir el 55 % de su base reguladora, porcentaje que puede elevarse hasta un 75% en algunos casos de mayores de 55 años con dificultades de reincorporación laboral.
Para quienes sufren incapacidad permanente absoluta, que impide todo tipo de actividad profesional, la pensión equivale al 100 % de la base reguladora, mientras que las personas en situación de gran invalidez reciben esa misma pensión básica junto con un complemento adicional destinado a remunerar a la persona que presta asistencia para las actividades esenciales de la vida diaria. Estos complementos son fundamentales para garantizar que las necesidades de cuidados continuos queden cubiertas de manera adecuada. Sin embargo, la percepción de estas pensiones genera confusión entre muchos trabajadores cuando alcanzan la edad de jubilación, como el caso que hoy nos ocupa.
¿Qué pasa si cobras una incapacidad permanente y te jubilas?
Aunque las secuelas sean graves, la ley española establece que no se reconoce la incapacidad permanente si la persona ya tiene la edad ordinaria de jubilación y cumple los requisitos para acceder a esta. Un ejemplo extremo de esta situación se da en el caso de un trabajador de 66 años que perdió ambas piernas y cuya pensión por incapacidad permanente de gran invalidez habría ascendido a 2.606,82 euros al mes, pero fue denegada por encontrarse en la edad de jubilación. Este escenario deja al descubierto la complejidad de la normativa y cómo afecta directamente al poder adquisitivo de los beneficiarios.
La Seguridad Social rechaza la gran invalidez de más de 2.600 euros
El trabajador inició su baja médica en junio de 2022 debido a problemas de circulación que derivaron en complicaciones graves. Durante 2023 sufrió varias intervenciones quirúrgicas y el 27 de diciembre de ese año se le amputó la pierna izquierda. Posteriormente, el 10 de abril de 2024 fue amputada la pierna derecha. A pesar de estas graves limitaciones físicas y de la imposibilidad de trabajar, la Seguridad Social denegó la pensión por incapacidad permanente basándose en que el susodicho ya había alcanzado la edad suficiente para jubilares. En este contexto, la cuantía que hubiera percibido sería de 1.642,92 euros mensuales junto al complemento de 963,90 euros por gran invalidez, rondando los 2.600 euros.
Pierde más de 700 euros mensuales con la pensión de jubilación
Tras la denegación de la incapacidad permanente, el trabajador solicitó la pensión de jubilación en abril de 2024, la cual fue reconocida en mayo de ese mismo año. Su base reguladora mensual era de 1.841,46 euros y percibe el 99,82 % de esta cifra, con un incremento del 4 % por haberse jubilado más allá de la edad ordinaria. La diferencia mensual entre lo que habría recibido con la incapacidad permanente de gran invalidez y la pensión de jubilación actual es de aproximadamente 768 euros, lo que supone una pérdida anual superior a 10.700 euros. Esto evidencia cómo el marco legal puede suponer un recorte considerable de ingresos para quienes tienen necesidades especiales de asistencia.
Este caso refleja el funcionamiento estricto de la legislación española, que prioriza la jubilación sobre la incapacidad permanente cuando se cumplen simultáneamente los requisitos de edad. La decisión judicial no cuestiona la gravedad de la discapacidad del trabajador, sino que aplica la normativa vigente de manera estricta. La situación genera debate sobre la necesidad de ajustar la normativa para contemplar supuestos de gran invalidez que coinciden con la edad de jubilación, por la asistencia complementaria que necesita el afectado, sobre todo en casos tan extremos como este.