La batalla entre PP y Vox por la "prioridad nacional" llega al Congreso y tendrán que retratarse
El acuerdo entre el PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura está generadno mucha resaca entre ambas formaciones. Tras lograr la firma, ahora los partidos están discutiendo sobre lo que realmente significa aquello que han acordado y el alcance real del concepto "prioridad nacional" que se incluye en el texto. Y esa batalla llegará mañana al Congreso de los Diputados.
La Cámara Baja votará mañana una moción de Vox en la que se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a "garantizar la prioridad nacional" de los servicios públicos. Es decir, que los españoles tengan preferencia a la hora de recibir dichos servicios. Aunque el resultado de la votación es intrascendente, porque es una mera recomendación que realiza el Congreso y no tiene efectos jurídicos, sí que obliga a los distintos partidos de la Cámara a posicionarse.
Entre sus ocho puntos, la moción también aboga por "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal" en España, a "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda" (para acceder a ayudas o vivienda protegida, por ejemplo) y para impedir que los "inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario".
La medida incluye también la derogación del real decreto que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria para personas extranjeras y pide "garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas".
Es decir, se trata de una moción impulsada por Vox para intentar que prevalezca su visión sobre lo pactado en Extremadura y que busca situar al PP, que tendrá que votar sobre ello, en una posición incómoda. Sin embargo, los populares han dado un paso adelante este martes y han registrado una enmienda a dicha moción en la que aceptan el marco de la "piroridad nacional", pero que lo matizan para suavizarlo.
Lo hacen después de que barones como Juanma Moreno o incluso Isabel Díaz Ayuso, se hayan mostrado críticos con ese concepto, que han manifestado que lo que plantea Vox podría incluso ser ilegal.
Así, en el primer punto en el que Vox pide garantizar la prioridad nacional de los servicios públicos, el PP apuesta por "desarrollar, dentro del respeto al marco constitucional y Estado de Derecho, una política migratoria clara y responsable que evite las situaciones de irregularidad, y adaptar, de forma inmediata, la legislación nacional al Reglamento Europeo de Retornos".
Y los populares aceptan el concepto de prioridad nacional, pero especifican "que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio". Con esa fórmula, los inmigrantes no quedarían excluidos de las medidas. Esta enmienda del PP también se votará en el Congreso, a la vez que la moción de Vox.