El Congreso tumba la prórroga de los alquileres: un millón de arrendamientos podrán subir sin límite entre 2026 y 2027

El decreto impulsado por Sumar para prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 y que recoge también un tope del 2% en la actualización anual de los alquileres ha sido tumbado este martes en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, tal y como estaba previsto. Tras su derogación, un millón de contratos de alquiler que finalizan entre 2026 y 2027 podrán subir sin límite, afectando a 2,68 millones de personas, con un coste medio de 1.730 euros al año por inquilino.

Según datos del Ministerio de Consumo, 632.369 contratos de alquiler expirarán este año en España, lo que obligará a propietarios e inquilinos a renegociar las condiciones en un contexto de subida de precios, una situación que afecta a cerca de 1,63 millones de personas. Estas cifras aumentan hasta un millón de contratos y 2,68 millones de inquilinos afectados ampliando el periodo hasta 2027.

No obstante, el Gobierno ha demorado su convalidación parlamentaria hasta el plazo máximo permitido - ha estado en vigor del 21 de marzo al 28 de abril- con el objetivo de amplificar su alcance, ya que las solicitudes de prórroga ya realizadas realizadas entre el 22 de marzo de 2026 y la publicación de su no convalidación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se podrán mantener. La cifra estimada de inquilinos que se han beneficiado se desconoce, aunque el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha hablado de decenas de miles de inquilinos que han realizado su solicitud.

"Desde su promulgación en el BOE ha habido una auténtica avalancha de solicitudes de información y asesoramiento", ha señalado Bustinduy, asegurando que estas semanas de aplicación han servido para limitar las dinámicas que precarizan y abusan de los inquilinos. “Pero en estas semanas también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga porque no la han conocido, porque les han disuadido o porque les han intimidado por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas”, ha lamentado. "Hay tres millones de personas a las que van a dejar desamparadas a su suerte. [...] Lo que van a hacer es empujarlas al precipicio", ha reprochado al resto de grupos parlamentarios.

En concreto, el decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo como un decreto independiente al de ayudas a sectores y rebajas de impuestos y en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establecía que los inquilinos cuyos contratos de alquiler habitual finalicen entre el 22 de marzo de 2026 (día siguiente a dicha publicación) y el 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar una prórroga extraordinaria por periodos anuales hasta un máximo de dos años. Esta extensión debía ser aceptada obligatoriamente por el arrendador y mantendrá intactas las condiciones del contrato vigente.

Durante su mes de vigencia, Consumo ha multiplicado sus esfuerzos para que el mayor número posible de inquilinos solicitasen la prórroga y ha presionado a inmobiliarias y fondos para que la acepten. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 mandó dos avisos a inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan un alto número de viviendas.

El primero aviso por carta lo emitió a finales de marzo a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas y el segundo lo mandó hace apenas cuatro días a 541 empresas que gestionan o concentran 50 o más propiedades cada una, con el objetivo, en ambos casos, de que la medida beneficio al máximo número de inquilinos posible antes de que fuera rechazada en el Congreso.

“No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y las intereses a corto plazo de los bancos y de los fondos financieros; que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino; que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad sino de exclusión social o de pobreza”, ha defendido el ministro de Consumo antes de la votación.

“Lo que van a votar es si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera. Van a votar si las casas en las que residen 3 millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas. Van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad y seguir viviendo en sus casas y en sus barrios o si se encuentran con subidas unilaterales del 30%, el 40% o el 50% que muchas no podrán asumir para ver cómo en sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones. Lo que van a decidir es si actúan de acuerdo al interés general y hacer efectivo el derecho a la vivienda como les mandata el artículo 47 de la Constitución o no”, ha argumentado Bustinduy.

“Lo que se dirime es si las vidas de millones de españoles cuentan algo para sus representantes políticos o si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es la vía libre para que los grandes inversores, los fondos buitre y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados”, ha añadido, una defensa que, sin embargo, no ha conseguido sacar el decreto adelante al ser considero por la oposición como una medida intervencionista, que ahonda en la escasez de oferta y en el enfrentamiento entre inquilinos y propietarios.