Estos son los límites a la "teoría de la conspiración" de Sánchez, según cuentan en el PSOE
Durante los últimos días, Moncloa ha endurecido su argumentario frente a las investigaciones que afectan al entorno socialista. La tesis oficial sostiene que existe una operación política, mediática y judicial destinada a desgastar al Gobierno y acelerar el final de la legislatura. Es un argumento que sirve para cohesionar a los militantes y movilizar al electorado más fiel, pero, sin embargo, también plantea interrogantes difíciles de responder para ministros y dirigentes socialistas cuando se analiza la naturaleza de las causas abiertas.
La principal dificultad de la teoría del montaje es que "las investigaciones no proceden de un único foco". Las causas que afectan al entorno socialista han sido impulsadas por distintos jueces, tribunales, fiscales y unidades policiales. No existe una única investigación ni una única denuncia. Son procedimientos diferentes, nacidos en momentos distintos y con recorridos propios. "Sostener que todos forman parte de una misma operación exige asumir un grado de coordinación extraordinario entre instituciones que, en teoría, actúan de manera independiente", puntualiza un exministro de Justicia socialista.
El segundo problema es que el argumento de la conspiración no responde necesariamente al fondo de los asuntos investigados. Registros, informes policiales, declaraciones de testigos, mensajes, audios o contratos existen al margen de la interpretación política que se haga de ellos. "Podrán resultar concluyentes o no. Podrán ser desmentidos, contextualizados o incluso descartados por los tribunales. Pero su mera existencia obliga a responder sobre los hechos y no únicamente sobre las supuestas intenciones de quienes investigan", comentan en el PSOE andaluz, donde andan a vueltas con la crisis derivada de la confirmación de su derrumbe electoral.
La experiencia política española tampoco juega a favor de esta tesis. Prácticamente todos los grandes partidos han denunciado alguna vez persecuciones políticas o judiciales cuando se han visto afectados por investigaciones sensibles. El PP habló de operaciones contra el partido durante los años de Gürtel y Bárcenas. Los independentistas catalanes denunciaron lawfare tras el procés. Podemos hizo de las llamadas cloacas del Estado uno de sus principales argumentos políticos. En todos los casos hubo procedimientos archivados y otros que acabaron en condenas.
En la estrategia de Sánchez existe además un riesgo institucional del que son plenamente conscientes en su organización política. Una cosa es criticar una actuación concreta de un juez, un fiscal o una unidad policial y otra muy distinta es presentar a jueces, fiscales, policías y medios de comunicación como piezas de una misma estrategia política. "Cuando el relato se construye sobre la idea de que cualquier investigación que afecta al poder es ilegítima, el resultado es un deterioro de la confianza pública en las instituciones encargadas de ejercer el control democrático, pero eso no nos salva a nosotros de la erosión", argumenta un veterano "fontanero" electoral.
En este marco, el problema político para Pedro Sánchez es que la estrategia de resistencia, basada en la denuncia de una ofensiva exterior, tiene un límite evidente, el de la acumulación. Y por eso la cuestión central no es si el PSOE tiene derecho a defenderse, que lo tiene, como cualquier partido político. La verdadera cuestión es si la explicación de la conspiración resulta suficiente para responder a la creciente presión judicial y política, y ahí es donde empiezan las dudas incluso entre algunos observadores tradicionalmente cercanos al Gobierno.
"La teoría del montaje puede servir para cerrar filas en los momentos de máxima tensión, pero lo que resulta más complicado es convertirla en una explicación completa de la realidad", concluyen en el PSOE, en una línea argumental que no se deja abducir por el mensaje oficial de Moncloa.
La realidad es que, ocho años después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno atraviesa el momento más delicado de la legislatura, cercado por una acumulación de investigaciones judiciales que afectan a su entorno político, familiar y orgánico. Mientras el Gobierno sostiene que existe esa ofensiva coordinada de la derecha política, mediática, judicial y policial para desalojarlo del poder, la realidad es que los procedimientos abiertos son numerosos, avanzan por vías distintas y contribuyen a crear una sensación de desgaste permanente que condiciona toda la acción política del Ejecutivo.
Los casos que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, son los que más han alimentado el discurso de la persecución política. Sin embargo, el golpe más serio para el PSOE procede de las investigaciones sobre corrupción vinculadas al antiguo núcleo de poder del partido. Las causas que afectan a José Luis Ábalos, Koldo García y, especialmente, al ex secretario de Organización Santos Cerdán han situado el foco no sólo en posibles comisiones ilegales, sino también en el funcionamiento interno del PSOE y en la utilización de recursos del partido para operaciones destinadas a desacreditar a jueces, fiscales o guardias civiles.
La preocupación en Ferraz aumenta por dos frentes especialmente sensibles: la investigación sobre una posible financiación irregular del PSOE y las diligencias derivadas del caso Leire Díez. Los jueces tratan de reconstruir movimientos económicos, facturas y pagos que podrían afectar directamente a la organización. Y si estas causas avanzaran hasta comprometer formalmente al partido, el impacto político sería mucho más grave que el provocado por los casos individuales y colocaría a Sánchez ante una situación extremadamente difícil de gestionar. Es decir, que su problema es otro que la oposición "marrullera" de la que ha estado hablando insistentemente este fin de semana.