Bruselas expedienta a España por el Registro de Viajeros de Marlaska al incumplir la ley de protección de datos
La Comisión Europea ha presentado este jueves un expediente sancionador a España por la normativa impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que obliga a operadores turísticos de distintos campos de actividad a recopilar numerosos datos personales de sus clientes. Bruselas considera que esta medida incumple la Directiva sobre protección de datos personales en el ámbito policial, según la Directiva de la UE 2016/680.
Con el conocido como Registro de Viajeros, España exige a los proveedores de alojamiento, plataformas en línea y empresas de alquiler de coches que recopilen, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos centralizada del gobierno, accesible a las autoridades policiales. Así, la Comisión considera que las "categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y GPS".
Además, deben aparecer los datos de la empresa arrendadora, los del establecimiento, los del viajero y los de la transacción. Algunos de los datos que deben dar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco si fuese necesario.
Además, según recoge el comunicado lanzado por la institución, el acceso de las autoridades policiales a las bases de datos "no se limita a fines específicos y explícitos, tal como exige la Directiva", pues se conservan hasta tres años después de la estancia, periodo que Bruselas considera "desproporcionado".
El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado.
El Real Decreto presentado por el Ministerio del Interior obliga a los establecimientos que ejercen actividades de hospedaje o alquiler de vehículos a motor el registro documental de sus clientes en la plataforma 'ses.hospedajes' aquellos datos que ya recaban de manera habitual las empresas hoteleras, y se incorporan a esta obligación las agencias de viajes. Además, el Gobierno estableció multas para aquellos que incumpliesen esta nueva normativa, que van desde los 601 hasta los 30.000 euros en función de la gravedad.
Con su presentación, Bruselas ya hizo saltar las alarmas ante la medida, pues ya temían que esta pudiese chocar con la política de protección de datos comunitaria. Según el Ejecutivo, la medida busca reforzar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada al controlar las entradas de personas en el país.
También los propios hosteleros se mostraron inicialmente en contra del registro, calificándolo de perjudicial para sus negocios. Ahora, España cuenta con dos meses para corregir las irregularidades detectadas por la Comisión si quiere evitar una escalada de la sanción.