“Tienen un uso de instrumento financiero”: Fundación Terram advierte sobre concesiones salmoneras en proceso de caducidad
En medio del conflicto que enfrenta a la industria salmonera contra las comunidades indígenas y pescadores artesanales, genera expectación la resolución que deberá tomar el próximo jueves la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén (CRUBC) respecto de la creación de los Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO), en el marco de la Ley Lafkenche.
Representantes de la salmonicultura han advertido que la aprobación de estos espacios conllevaría un menoscabo en la producción. Mientras que, por el contrario, comunidades indígenas y pescadores desestimaron estas críticas y acusaron a la industria de poner en riesgo los pocos recursos marinos disponibles en la zona.
En este contexto, Fundación Terram publicó un estudio que da cuenta de 14 concesiones salmoneras pendientes de ser caducadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), por no cumplir el requerimiento que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura de operar durante el primer año tras ser otorgada la concesión, pasando entre ocho a 20 años sin realizar actividades. Todo esto, en el perímetro de solicitudes ECMPOs en las Guaitecas y en Islas Huichas.
Además, la organización reportó 10 procesos sancionatorios en curso en la Superintendencia de Medioambiente por la sobreproducción de salmones contra cuatro empresas que cosecharon más de 10 mil toneladas por sobre lo autorizado en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Estas son las compañías: Cultivo Yadrán, Blumar, Multi X y Australis Mar.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador en temas de Salmonicultura de la Fundación Terram y uno de los autores del informe, Maximiliano Bazán, junto con apuntar a una campaña de desinformación de la industria, remarcó que las solicitudes de espacio marítimo no implican un uso exclusivo del territorio.
En concreto, explicó que “hemos visto cómo los gremios salmoneros acusan que se afectaría el 45% de su actividad producto de la aprobación de estos ECMPO, lo cual es derechamente falso, ya que la aprobación de esta figura no afecta las concesiones que se encuentran otorgadas, que solo en la Región de Aysén actualmente son más de 700 y equivalen a más de seis mil hectáreas de mar concesionado, a diferencia de los ECMPO que no es una figura de concesión, sino de administración colectiva sobre el borde costero”.
“La salmonicultura reclama por supuestas pérdidas de derechos sobre sus concesiones, cuando una gran cantidad de estas nunca han operado, nunca han producido nada. En especial dentro del polígono que se solicita, identificamos 14 concesiones que, luego de haber pasado entre ocho a 20 años, nunca han producido nada, nunca han generado un puesto de trabajo. Entonces, habría que preguntarse cuál es el motivo del reclamo”, cuestionó.
En ese sentido, denunció que “si uno mira más allá incluso del polígono que se solicita dentro de estos dos ECMPO, es una situación que se replica en el resto de las regiones y, en el caso de las Guaitecas, tiene la particularidad de que también se superpone con un área protegida, como lo es la Reserva Nacional Las Guaitecas, la cual ya se encuentra ampliamente contaminada porque justamente es una de las zonas donde mayor ha desarrollado su actividad la industria salmonera”.
Precisamente por estos antecedentes, Bazán también confirmó que la organización presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en septiembre de 2022 “para realizar una auditoría por estas omisiones, porque en definitiva estamos hablando de un bien nacional, como lo es el mar, que es finalmente concesionado e hipotecado por estas empresas a manos de bancos extranjeros principalmente”.
En cuanto a la responsabilidad que le corresponde a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas sobre el procesamiento de la caducidad de las concesiones, el investigador fue enfático en señalar que “hay que tener presente que todas las concesiones salmoneras, estamos hablando más de mil 300, todas aquellas que fueron otorgadas antes del 8 de abril de 2010 tienen un carácter de ser concesión perpetua y el único motivo por el cual los titulares pueden perder la concesión es no cumplir con los requisitos que establece la ley”.
“Justamente uno de ellos es no iniciar actividades durante el primer año de operación y tenemos en este caso, así como decenas fuera de este polígono en particular, en donde los titulares dejaron pasar cuatro, ocho 20 años y nunca realizaron operaciones. Entonces ¿Cuál es la utilidad real que tiene para estas empresas el acceder a concesiones de un bien nacional, como lo es una porción de mar, que pueden ser de cinco, 50, 100 hectáreas? Lo que terminamos viendo es que tienen más bien un uso de ser un instrumento de un activo financiero, que las empresas terminan utilizando para planes de expansión, para solicitar créditos a bancos, pero no tienen un fin productivo, que se supone que es el motivo por el cual se le fue otorgada en su momento”, aseveró.
Por lo mismo, criticó que la entidad gubernamental “ha acumulado una gran cantidad de trámites, en donde más bien la permisología pareciera ser que opera en favor de la industria salmonera, puesto que todas estas concesiones que debieron ser caducadas no lo han sido y el efecto que tiene en algunos casos es que inician operación cuando debieron haber sido caducadas. Entonces, se genera una especie de ‘saneo’ de la concesión cuando sabemos que jurídicamente eso no es posible. Es una situación bastante preocupante, puesto que, en definitiva, tenemos organismos públicos que no hacen cumplir la ley”.
Finalmente, Bazán se refirió también a los cuestionamientos que ha levantado la industria salmonera sobre los fondos para la transferencia técnica y científica que recibe la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de parte de la Universidad Austral para la elaboración de planes de manejo en la Reserva Nacional Kawésqar en la Región de Magallanes. Situación por la que acusan una supuesta “captura corporativa” sobre la autonomía en la gestión de responsabilidades públicas de la institución, según recogió el medio El Mostrador.
“La verdad es que sobre eso no tengo mayores antecedentes. Lo que sí puedo decir es que, en relación a los planes de manejo, que son de responsabilidad de CONAF en su elaboración hasta que no se haga el traspaso al nuevo servicio, luego de la vigencia de la Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), es que la ausencia de estos ha jugado a lo largo de la historia más bien en favor del otorgamiento de concesiones salmoneras”.
En ese sentido, indicó que “por ejemplo, en la Reserva Nacional Las Guaitecas o Kawésqar, la posible definición en un plan de manejo en donde se establezca que la salmonicultura por su nivel de impactos no es compatible con las actividades de conservación, debiese impedir el otorgamiento de concesiones dentro de estas áreas protegidas, cuestión que no ha sido así justamente por la ausencia de estos planes”.