Empresarios y bancos, reacios a los cambios fiscales que propone el Gobierno de Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves la intención del Ejecutivo de implantar un impuesto a la banca, una tasa a las empresas tecnológicas, un tipo mínimo en el impuesto de sociedades que sea del 15 % y una fiscalidad verde que fomente la igualdad.

En declaraciones a la Cadena Ser, Montero ha detallado que el nuevo impuesto a la banca iría destinado a cubrir el déficit de la Seguridad Social y, aunque ha reconocido que no espera que el sector lo reciba "con agradecimiento", ha argumentado que se trata de colaborar con la recaudación de la Seguridad Social, cuyos ingresos deberían también mejorar con la subida de salarios.

Algunas entidades como el BBVA han advertido de que podría acabar encareciendo el crédito, mientras el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, explicó recientemente que la banca no puede arreglar el problema de las pensiones que, en su opinión, requiere de "soluciones integrales".

Esta misma idea ha sido trasladada este jueves desde la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), al advertir de "los posibles efectos colaterales" que una mayor carga tributaria puede suponer para la economía española en su conjunto, en términos de riqueza, empleo e inversión.

No obstante, el nuevo impuesto a la banca no se podría incluir en los Presupuestos Generales de 2019, ya que se trata de una figura tributaria de nueva creación que requiere un proyecto de ley que debe ser tramitado en el Congreso.

También la denominada tasa "Google" o impuesto a los servicios digitales debería requerir el mismo tratamiento. Montero ha explicado que se requiere una nueva fiscalidad que dé respuesta a los retos que plantea la tecnología, la globalización y la economía colaborativa "que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional" y que en algunos casos están generando una competencia desleal al contribuir al fisco en menor medida que otras actividades.

La respuesta más inmediata ha llegado de Telefónica y de su directora de Finanzas, Laura Abasolo, que ha dicho que no ve "con malos ojos" este gravamen por considerar que puede servir como "catalizador" para adaptar la fiscalidad al mundo digital, pero ha defendido que se aplique de forma coordinada en la UE.

Otra de las posibles medidas de la ministra de Hacienda es establecer un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades para frenar las deducciones a las que se acogen las grandes empresas con beneficios. Considera necesario establecer un tope a partir del cual las empresas no puedan aplicarse mayores deducciones porque en la actualidad el tipo nominal (25 %) está lejos del tipo medio efectivamente pagado (en torno al 12 %).

Durante la presentación de "El Barómetro de los Círculos 2018", el autor del informe, Miguel Iraburu, ha rechazado la reforma fiscal propuesta por la ministra, ya que -en su opinión- el problema no reside en los tipos fiscales, sino en la recaudación y ha advertido de que esta subida de los impuestos tendría dos consecuencias: disminuiría la renta disponible, con un efecto en la demanda interna, y reduciría la competitividad de las empresas.

La reforma fiscal que propone el Gobierno también contempla gravámenes en el ámbito medioambiental, que no tendrían un afán recaudatorio sino más bien disuasorio, para proteger el medio ambiente, así como deducciones fiscales para las empresas que fomenten una política de igualdad efectiva. Montero ha dicho que estos beneficios fiscales irían destinados a las empresas "que permitan una real conciliación y la incorporación de las mujeres a posiciones de responsabilidad, que es quizá el gran 'gap' (brecha) que tiene en este momento el sector empresarial".

Con todas estas modificaciones fiscales, la ministra ha dejado claro que el techo de gasto de 2019 será más alto que el de este año, aunque no ha desvelado en qué porcentaje ni cuándo sería aprobado por el Consejo de Ministros.

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