España se apunta a la prohibición del móvil en las aulas que avanza en Europa sin consenso entre expertos y docentes
Es una cuestión cíclica y con una sucesión de hechos que suele ser parecida siempre. Ocurre algo –casi siempre negativo– que pone el binomio móviles-jóvenes en el disparadero. Salta al debate público. Se empieza a hablar de prohibición. Puede que alguna institución (comunidad autónoma) la implemente. El tema se enfría y se deja de hablar de él. Hasta que vuelve a pasar algo –negativo, claro– y la rueda gira de nuevo.
Esta vez no ha sido una excepción, pero la situación apunta a que puede acabar con el debate por un tiempo: tras un runrún de semanas con los móviles y las escuelas a cuenta de grupos de WhatsApp donde se compartía pornografía o del eterno y no resuelto debate sobre cómo afectan al rendimiento, el Ministerio de Educación anunció este miércoles que va a proponer la prohibición de todos los usos del móvil en los centros educativos, recreos incluidos.
De manera excepcional, explicó la ministra Pilar Alegría, se podrá utilizar en aquellos proyectos pedagógicos en Secundaria que así lo requieran (cosa que ya sucede). Este veto lo tienen implementado algunas comunidades autónomas por su cuenta, como Madrid, Galicia o Castilla-La Mancha, por lo que hay quien ve redundante el anuncio del Gobierno con la actual situación, en la que allá donde no está regulado son los centros los que tienen potestad para decidir su uso.
Cuando suceda –Alegría también afirmó que las comunidades apoyan la idea–, España se unirá a una creciente lista de países que viene prohibiendo el uso del móvil en las aulas en los últimos años. Según una recopilación realizada por la Fundació Bofill, seis países ya lo han hecho (Francia, Italia, Grecia, Suecia, Macedonia del Norte y Rumanía) y otros cinco están en vías de hacerlo (Reino Unido, Países Bajos, Albania, Montenegro y la ínclita, para temas educativos, Finlandia).
La prohibición avanza por el continente, aunque sin evidencia clara que la respalde o la socave más allá de una especie de miedo indeterminado. María del Mar Sánchez, profesora en la Universidad de Murcia e investigadora en Tecnología Educativa, cree que estos vetos (aunque sean con matices, como el anunciado ayer por Educación) se explican por la necesidad que sienten las administraciones de que parezca que hacen algo. "Como hay mucha demanda social estos anuncios responden a esta idea de: 'Nos preocupamos por nuestros niños, no os preocupéis'. Pero no sé hasta qué punto responde a una necesidad real".
En España, el debate lleva sobre la mesa unos meses. Por un lado a raíz de algunos incidentes –como la denuncia de algunos centros de que se estaba metiendo a menores en grupos en los que se comparte pornografía– y la posterior entrega de más de 63.000 firmas en el Congreso por parte de dos profesoras para prohibir en general el uso del móvil a menores de 14 o 16 años (eran dos propuestas diferentes).
Por otro, como explicaba la Asociación Española de Pediatría (Aeped) en una nota reciente, porque "el mensaje de que el uso del móvil por parte de los niños y adolescentes sin una instrucción previa y sin un control por parte de los padres tiene efectos muy negativos para la salud en la infancia y la adolescencia está calando en la sociedad". Y, a falta de alternativas más elaboradas, se está optando por la prohibición, aunque con matices, como solución.
Eso aunque, admite también la Aeped, "los estudios científicos no han demostrado, por el momento, que las prohibiciones indiscriminadas en el uso de los dispositivos móviles supongan un beneficio para la salud de los niños y adolescentes".
¿Y para el estudio? No hay una respuesta evidente. Un metanálisis internacional recogido por la Fundació Bofill concluía que la adicción al móvil impacta negativamente en el rendimiento académico del alumnado. Pero PISA, publicado la semana pasada, ofrece unos datos que apuntan a una "relación positiva" entre un uso moderado del móvil y el rendimiento académico, aunque también una mayor distracción. La Unesco ha publicado en cinco meses un informe defendiendo sacar el máximo provecho del potencial de los móviles en la práctica educativa y otro alertando de su potencial peligro.
Entre los países que ya los han prohibido también hay de todo. Nueva York va a levantar la prohibición que tiene implementada desde 2015. Suecia no ha detectado ninguna mejora por prohibirlos, según recoge La Fundació Bofill. En España, dice UGT, ninguna de las comunidades autónomas que lo ha prohibido ha evaluado la utilidad de la medida.
Para Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de la asociación de directivos de institutos públicos madrileños Adimad, aunque unificar criterios es positivo, "la solución no es la prohibición". Esta directora cree que el problema no está precisamente en las escuelas: "El problema es el uso que hacen los chicos de los móviles y se habla de prohibirlos en los centros, pero aquí solo están seis horas al día. El problema es el resto del día, cuando nadie los controla".
Explica Rocha que en los centros puede exigir un esfuerzo al profesorado, pero la prohibición se implementa sin mayores problemas. Además, en los institutos "hay talleres de concienciación sobre el uso de móviles, de redes, de las consecuencias legales que puede tener un uso indebido". Pero luego las familias no continúan con esa labor, opina. "Los padres no lo controlan. ¿Qué hace un niño de 12 años en TikTok hasta las tres de la mañana? ¿Qué hacen los chicos acosando en redes a otros compañeros? Ahí hay que poner el foco".
Como ella, María del Mar Sánchez apunta al uso como factor clave. "Nos estamos fijando en el recipiente, pero no nos estamos fijando en qué hacemos con ello. Hay apps con las que los niños pueden aprender a programar, por ejemplo. Pero muchas veces hemos cambiado el libro por el móvil, pero para hacer lo mismo. Y donde se ha apostado por este modelo de digitalización está teniendo un resultado negativo y las familias lo ven, creo que el rechazo viene desde ahí. Hay riesgos, pero hay que centrarse en la alfabetización".
Una idea similar comparte Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT, que cree que cualquier regulación debe pasar por aumentar la formación del alumnado. Y Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, recuerda que "muchas familias no tienen por qué saber utilizar esa herramienta o enseñar a sus hijos, y entendemos el miedo que puedan sentir. Pero por eso puede ser contraproducente prohibir". Y recuerda que son muchos los centros que utilizan tabletas u ordenadores para trabajar, que también son dispositivos tecnológicos.