Nuevo informe de la CEPAL advierte que costos para combatir la malnutrición “son más altos que las soluciones”
El nuevo informe Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe , realizado en conjunto por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), advierte que los costos de no combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser más altos que los de las soluciones para garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.
Según el reporte, se estima que el gasto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición representa en promedio un 6,4% del PIB de los países estudiados. En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables es 1,5 % del PIB, sin incluir costos de gestión e implementación.
El informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe y su relación en el PIB regional: (i) el financiamiento del consumo y la producción de alimentos; (ii) el gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social; (iii) los flujos internacionales de desarrollo y (iv) el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.
Los costos de no combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser más altos que los de las soluciones para garantizar la #SeguridadAlimentaria y una mejor nutrición.
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— FAO Américas (@FAOAmericas) April 29, 2024
El Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mario Lubetkin, señaló que a pesar de que entre 2021 y 2022, el hambre en América Latina y el Caribe disminuyó en a un 6,5% “no podemos olvidar a los 43 millones que siguen en un escenario de hambre”.“Alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe es fundamental, más aún cuando el gasto en alimentos representa el 22% del PIB regional”, expresó.
Lubetkin enfatizó, además, que las intervenciones integrales que aborden los ingresos y el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, así como el apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a dietas saludables.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, indicó que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en 2023, según estimaciones de la CEPAL, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”. Asimismo añadió que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en 2023, según estimaciones de la CEPAL, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”.
“Esa incidencia es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales. Por ello, es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, más de la mitad del total de las transferencias monetarias en América Latina y el Caribe se destina a hogares con ingresos per cápita superiores a la línea de pobreza”, sostuvo Salazar.
En esa misma línea, el Director General del IICA, Manuel Otero, sostuvo que la tarea que tenemos por delante ahora es “realizar a nivel de país análisis similares en el contexto de planes y programas integrales para el fortalecimiento y mejora de los sistemas alimentarios”.Esto a través de la operacionalización de los objetivos, instrumentos e institucionalidad, siendo claro en los costos y en su financiamiento, “tomando una visión amplia de los seis flujos financieros principales, como se plantea en el documento“.