Nueve comunidades rechazan la postura del Gobierno favorable a restringir la caza de la codorniz

Nueve comunidades autónomas han enviado una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para expresar su rechazo a la postura del Gobierno central, que planea acatar la recomendación de la Comisión Europea de restringir la caza de la codorniz común (coturnix coturnix) "sin un criterio científico claro".

La misiva, impulsada por la Junta de Extremadura, está firmada por los consejeros de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, informa Ep. En ella, piden al ministerio que reconsidere su posición, "eliminando o reconsiderando aquellas medidas que impliquen restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas sobre el ejercicio de la caza y sobre la capacidad de gestión de las comunidades autónomas".

Los firmantes también solicitan que no se comunique ante otros órganos del Estado ni ante instituciones europeas un supuesto consenso autonómico que, aseguran, no existe. Además, reclaman un "marco de trabajo verdaderamente cooperativo con las comunidades autónomas" y que la posición española refleje "de forma leal la realidad del medio rural, la importancia social, económica y territorial de la actividad cinegética y la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias o decisiones que puedan resultar gravemente lesivas para amplias zonas del territorio".

Los firmantes han considerado "improcedente" que se atribuya un respaldo general a propuestas que, en la práctica, suponen un "incremento de las restricciones" sobre la actividad cinegética, una "mayor carga burocrática" sobre cazadores, titulares de cotos y administraciones públicas, y una "posible alteración" de las órdenes generales de veda y de los regímenes de aprovechamiento actualmente vigentes en los distintos territorios.

Necesidad de cooperación con el medio rural

"De manera particular, suscitan una seria preocupación aquellas medidas orientadas a introducir mecanismos automáticos de restricción del aprovechamiento cinegético vinculados a variables climatológicas generales, la reducción adicional de jornadas hábiles, la imposición de nuevos cupos o limitaciones homogéneas para todo el territorio nacional, así como la implantación acelerada de sistemas de control, reporte y seguimiento que no hayan sido debidamente contrastados desde el punto de vista técnico, competencial y de viabilidad administrativa", subraya la carta.

Del mismo modo, el texto consensuado por los ocho gobiernos autonómicos añade que debe recordarse que la gestión cinegética, y en particular la ordenación de especies como la codorniz, exige una "aproximación rigurosa, sí, pero también territorializada, proporcionada y respetuosa con el marco competencial vigente". "No resulta admisible construir una respuesta uniforme sobre realidades ecológicas y socioeconómicas notablemente distintas, ni desplazar sobre las comunidades autónomas y sobre el medio rural las consecuencias de decisiones adoptadas sin una verdadera concertación institucional", ha señalado.

Las comunidades autónomas firmantes reiteran su compromiso con una gestión "responsable, sostenible y basada en datos, compatible con la conservación de la biodiversidad y con el mantenimiento de los usos tradicionales y del tejido social y económico vinculado al medio rural".

La Junta de Extremadura considera que la posición del MAPA es "profundamente lesiva" para el sector cinegético regional y para las economías rurales de la comunidad autónoma vinculadas a la media veda. "La postura del ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación, toda vez que abre la puerta para que la Unión Europea haga una interpretación errónea de la directiva de aves, obviando estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz y de otras especies", ha asegurado la Junta en nota de prensa.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural confía en que el Estado no permita que, "una vez más", el "exceso de protección medioambiental sin justificación técnica" suponga un "freno" al desarrollo económico de los pueblos extremeños.