El coste de no conservar la red viaria
La red de carreteras sigue siendo el principal medio de transporte interior de pasajeros y mercancías en España. A pesar de que el nivel de inversión se sitúa en torno al promedio europeo en términos de gasto por kilómetro, el verdadero problema no está tanto en la construcción como en el mantenimiento. Durante años, los recursos destinados a la conservación han sido insuficientes, generando un déficit acumulado que pone en riesgo la calidad y seguridad de la infraestructura existente.
Este desequilibrio entre inversión y conservación no es menor. La red viaria española ha sido clave en el desarrollo económico del país, especialmente por su impacto en la productividad empresarial. Las regiones históricamente más aisladas han visto cómo la mejora de las conexiones viarias han impulsado una mayor productividad.
España cuenta hoy en día con una de las redes de autovías más extensas de Europa. Según datos del Instituto de Estudios Económicos, a finales de 2021 el país disponía de 165.375 kilómetros de carreteras. De ellos, 29.459 km están gestionados por el Estado y concentran más de la mitad del tráfico total, así como cerca de dos tercios del tráfico pesado. El resto de la red corresponde a comunidades autónomas y diputaciones. Alrededor del 90% del transporte interurbano de viajeros y el 96% del transporte interior de mercancías se realiza por esta vía.
El Gobierno admite un déficit de 5.600 millones de euros en la conservación de carreteras
Según el informe elaborado por Seopan y Sener en 2024, el Gobierno central planificó una inversión de 19.000 millones de euros en carreteras, mientras que las comunidades autónomas destinaron otros 5.000 millones. En conjunto, estas inversiones generaron un beneficio social de 32.000 millones.
Si se analiza el gasto en infraestructuras de carreteras por cada 1.000 kilómetros, España alcanza los 28,5 millones de euros, ligeramente por encima de la media europea, situada en 25,3 millones. Sin embargo, esta cifra queda muy por debajo de la de otros países que lideran la inversión en este ámbito. Suiza, por ejemplo, supera los 108 millones, mientras que Albania, Italia o Rumanía duplican el esfuerzo inversor español.
Mantenimiento insuficiente
Esta brecha evidencia que, aunque España mantiene niveles razonables de inversión, todavía está lejos de los estándares de los países más avanzados. Para situarse entre los cinco países con mayor gasto, sería necesario un esfuerzo adicional de aproximadamente 6.350 millones de euros. Una diferencia que, en la práctica, se traduce en un deterioro progresivo de la red y en mayores costes de reparación.
Entre 2016 y 2022, la inversión en carreteras no fue suficiente para compensar la depreciación de las infraestructuras, lo que provocó una pérdida de valor en la red existente. El stock de capital viario pasó de 188.420 millones de euros en 2016 a 187.150 millones en 2022, evidenciando una tendencia preocupante. En ese periodo, el déficit acumulado entre la inversión necesaria y la realizada alcanzó los 1.340 millones de euros, lo que se traduce en un peor estado de las carreteras, mayor riesgo de accidentes y menor eficiencia del transporte.
El incremento de los costes de ejecución de las obras se ha elevado en torno a un 28%
El principal cuello de botella del sistema se encuentra en su mantenimiento. Así lo advierte Julián Núñez, presidente de Seopan, quien insiste en la necesidad de reforzar la inversión en conservación. «No disponer de los recursos necesarios implica acumular un déficit que afecta a la creación de nuevas infraestructuras y al mantenimiento de las existentes», señala. Según sus estimaciones, las administraciones públicas destinan cada año alrededor de 2.100 millones de euros a tareas de conservación y reparación, cuando la necesidad real se sitúa en al menos 4.100 millones. Esto supone un déficit anual de 2.000 millones.
Núñez defiende la implantación de sistemas de pago por uso y el refuerzo de la colaboración público-privada como vías para garantizar recursos estables y suficientes. Sin estos mecanismos, «el déficit seguirá siendo estructural», advierte.
Desde el ámbito empresarial, Concha Santos, presidenta de ANCI, subraya que el contexto actual supone un reto adicional para las empresas del sector. El incremento de los costes de ejecución de las obras, que se ha elevado casi un 28%, está trasladando mayores riesgos a las compañías. En este escenario, Santos considera imprescindible establecer una planificación a largo plazo y reclama condiciones contractuales más estables que den seguridad a las empresas y faciliten la ejecución de proyectos.
El estado de las carreteras es un elemento clave para el conjunto de la economía. Una red bien mantenida mejora la eficiencia del transporte, reduce costes logísticos y contribuye a la cohesión territorial. España se enfrenta así a un desafío estratégico: mantener y modernizar una red que ha sido fundamental para su desarrollo, pero que ahora requiere una inversión sostenida para no perder calidad.