El registro horario se atasca hasta septiembre y deja a Yolanda Díaz ante su reforma laboral pendiente

Yolanda Díaz vuelve a darse de bruces con la realidad. El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre la aprobación del nuevo reglamento del registro horario, una de las principales reformas impulsadas por el Ministerio de Trabajo para reforzar el control de la jornada laboral y combatir las horas extraordinarias no remuneradas.

El nuevo registro horario, presentado durante meses por la vicepresidenta segunda como una norma inminente y decisiva para combatir las horas extraordinarias no pagadas, vuelve a quedar aplazado después de que el Gobierno no haya conseguido cerrar las diferencias internas ni despejar los obstáculos jurídicos que arrastra desde hace meses.

El Ejecutivo ha acordado posponer la aprobación del real decreto para la vuelta del verano con el objetivo de resolver las discrepancias pendientes y reforzar la seguridad jurídica del texto. La decisión supone un nuevo cambio en el calendario anunciado por el Ministerio de Trabajo, que había situado la aprobación antes del parón estival y que en las últimas semanas había insistido en que la reforma estaba prácticamente preparada para recibir luz verde.

El retraso tiene una dimensión política mayor que la de un simple ajuste administrativo. Después del fracaso parlamentario de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el registro horario se convirtió en la pieza que Díaz podía rescatar para mantener viva su ofensiva laboral.

La vicepresidenta defendió que esta medida no necesitaba pasar por el Congreso y que permitiría avanzar en uno de los objetivos centrales de su departamento: acabar con las horas extraordinarias que, según Trabajo, se realizan en España sin remuneración, sin cotización y sin control efectivo.

Pero la reforma ha quedado atrapada entre los límites de la política, la técnica jurídica y la negociación económica.

La secuencia de los últimos meses refleja un problema de calendario. En mayo, Díaz aseguraba que la norma se encontraba en su "parte final" y garantizaba que sería aprobada. Más tarde afirmó que el texto estaba "prácticamente listo" y que esperaba que "viera la luz lo antes posible".

Hasta el martes pasado, Díaz defendía el mismo discurso pese a la evidencia de que el registro estaba atascado.

El propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió que el decreto estaría preparado para uno de los últimos Consejos de Ministros antes de las vacaciones. La previsión no se ha cumplido y el Gobierno ha optado ahora por trasladar la decisión a septiembre.

El principal obstáculo fue el dictamen del Consejo de Estado emitido el pasado marzo. El órgano consultivo cuestionó algunos de los pilares del proyecto y advirtió de que el Gobierno podía estar utilizando un reglamento para introducir nuevas obligaciones que excedían el desarrollo habitual de una norma ya existente.

La advertencia afectaba al corazón jurídico de la reforma. El nuevo registro plantea un sistema digital obligatorio, objetivo y fiable que permita a la Inspección de Trabajo acceder a los datos para detectar incumplimientos. El Consejo de Estado reclamó, sin embargo, mayor precisión sobre el tratamiento de la información personal de los trabajadores, los límites del acceso administrativo y las garantías frente a posibles usos indebidos.

El informe también dio argumentos a quienes dentro y fuera del Gobierno reclamaban una implantación más gradual. La memoria económica del proyecto calcula que la adaptación del nuevo sistema podría suponer un coste cercano a los 868 millones de euros para las empresas, con un impacto especialmente relevante en las pequeñas y medianas compañías.

La patronal CEOE y Cepyme han sido desde el inicio los principales críticos de la reforma. Las organizaciones empresariales consideran que el nuevo modelo incrementa las cargas administrativas y genera obligaciones difíciles de asumir para muchas empresas. Además, han advertido de que analizarían la vía judicial si el texto final mantenía elementos que consideran excesivos.

En el seno del Ejecutivo, la discusión se ha centrado precisamente en ese equilibrio entre la ambición laboral de Trabajo y la preocupación económica por el impacto sobre las empresas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la conveniencia de conceder a las pymes un periodo de adaptación amplio, mientras el departamento de Díaz ha insistido en que la lucha contra las horas extra no registradas exige una aplicación rápida y eficaz.

Presión sindical

La presión sindical ha añadido otro elemento de tensión. CC OO y UGT reclamaron al Gobierno que aprobara la reforma antes del verano y llegaron a advertir de que el retraso tendría consecuencias sobre el diálogo social. Para las organizaciones sindicales, el registro horario no es una cuestión técnica, sino una herramienta imprescindible para garantizar que las jornadas laborales declaradas coincidan con las realmente realizadas.

El nuevo sistema pretende sustituir los actuales métodos de fichaje por un modelo digital con mayores garantías de control. Las empresas deberán registrar el inicio y el final de la jornada, las pausas, las horas ordinarias y extraordinarias, la diferencia entre trabajo presencial y remoto y cualquier modificación posterior de los datos. La información deberá conservarse durante cuatro años y estar disponible para los trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo.

Trabajo mantiene que los elementos esenciales de la reforma permanecerán intactos, aunque el Gobierno estudia introducir ajustes para reforzar la protección de datos y permitir que la negociación colectiva tenga un papel más relevante en la adaptación del sistema a cada sector.

El problema para Díaz, sin embargo, no es únicamente la fecha de aprobación. Es el valor político de la norma. La vicepresidenta había presentado el registro horario como la demostración de que su agenda laboral podía seguir avanzando después del revés sufrido con la reducción de jornada. Su retraso vuelve a situar el foco sobre la distancia entre los anuncios del Ministerio y la capacidad efectiva para convertirlos en leyes.

Septiembre será, por tanto, algo más que una nueva cita administrativa. Será la prueba de si el Gobierno consigue cerrar una de sus reformas laborales más emblemáticas o si el registro horario acaba sumándose a una lista de compromisos anunciados con contundencia y frenados después por la compleja negociación política, económica y jurídica que rodea a cada gran cambio laboral.