Juan Carlos Campo, sobre la decision del juez de ordenar no destruir las grabaciones del “Dalcygate”: “A priori, suena un poco extraño”
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se refirió hoy a la decisión de un juez de Madrid de ordenar que no se destruyan las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid relacionadas con el encuentro del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez: “Es verdad que a apriri suena un poco extraño, pero mi respeto absoluto”, afirmó, para añadir que en todo caso, esperaba que la Justicia actuase de forma “rápida” para esclarecer los hechos. Esta reflexión la realizó en el transcurso de un acto organizado por el “Foro Justicia” del Colegio de Abogados de Madrid, en el que intervino como conferenciante la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
Al ser interpelado el titular de Justicia por la citada decisión del juez de Guardia de Madrid fue cuando expresó su extrañeza por la misma, pero, a la vez, mostró su “respeto absoluto”, ya que, señaló, “sería un mal juez” que se pronunciara “sin ver las actuacione”. Y, junto a ello, manifestó su confianza en un pronto “esclarecimiento de unos hechos que tienen un enorme contenido político”.
Junto a ello, volvió a realizar un llamamiento al consenso político, en clara alusión al PP –el secretario de Justicia y consejero de Madrid, Enrique López, se encontraba en el acto-, para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Además, volvió a asegurar que antes de finales de año llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se otorgará la dirección de las causas penales a los fiscales.
Por su parte, Victoria Ortega reclamó la necesidad de contar con una Ley del Derecho de Defensa, donde se establezca sin margen de dudas todo lo relacionado con el secreto profesional de los abogados, de forma especial en lo que afecta a causas de blanqueo en las que intervienen. “Sí a la persecución” de esos delitos, afirmó, pero “no a fórmulas de criminalización de profesionales”.