Caso Koldo: La Audiencia Nacional admite al Servicio de Salud de Baleares como acusación particular
La Sala Penal estima el recurso porque considera probado que el contrato se financió con recursos autonómicos y no con fondos europeos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado un recurso presentado por la Abogacía de las Islas Baleares para que se tenga por personado como acusación particular al Servicio de Salud de esta comunidad autónoma en el «caso Koldo», la causa en la que se investigan delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. El juez Ismael Moreno instruye este procedimiento sobre nueve contratos de emergencia que se firmaron durante la pandemia en 2020 con distitntas administraciones públicas. Una de ellas fue el Gobierno balear que lideraba Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados.
En un auto conocido ayer, la Sección Segunda finalmente revocó la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que había denegado la personación al Servicio de Salud de las Islas Balears bajo el argumento de que el expediente de contrato de las mascarillas se había financiado con cargo a fondos de la Unión Europea y no con presupuesto de la comunidad autónoma.
También había dicho que la personación procedería si se acredita «el eventual perjuicio irrogado en los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento».
Sin embargo, al analizar el recurso, la Sala se basa en la documentación aportada por IB Salut sobre la retirada de la cofinanciación del Fondo Europea de Desarrollo Regional (FEDER) del expediente, por lo que el gasto se ha financiado con los fondos autonómicos. Con estos recursos, asegura, se han abonado los importes de las dos facturas a la sociedad de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, por el suministro del material.
«Este Tribunal entiende que el Servicio de Salud de la Comunidad de las Islas Baleares ostenta la cualidad de perjudicado por el daño patrimonial que pudiera haberse irrogado por los delitos que se investigan, sin perjuicio de los que resulte finalmente de la investigación», concluye.