El Gobierno retiró la reforma de la ley del suelo ante la falta de apoyos para sacarla adelante y evitar, así, una doble derrota parlamentaria en una misma semana después de que el martes fuera rechazada su iniciativa sobre el proxenetismo. Pese a la maniobra, el Ejecutivo no ha podido disimular la extravagante relación que se da entre los socios mayoritarios del Ejecutivo ya que los de Yolanda Díaz han votado en contra de una norma que se aprobó en un Consejo de Ministros del que forman parte. La razón inmediata de estas derrotas ha sido el desorden y la rebeldía frente a Pedro Sánchez que imperan en la izquierda de Sumar y Podemos, rasgos acentuados por la proximidad de las elecciones europeas donde estos grupos no tienen expectativas muy halagüeñas. Existe, también, una torpeza técnica por parte del Grupo Parlamentario Socialista, ya que resulta inexplicable que el PSOE lleve al pleno del Congreso iniciativas legislativas que no se han negociado previamente. Este conjunto de fracasos parlamentarios evidencia que la coalición de la investidura es un instrumento discontinuo que habilita a Sánchez para permanecer en el poder y gestionar el día a día, pero no le permite aspirar a legislar. Gobernar no es simplemente conservar la presidencia, por muy cómodo que se esté en La Moncloa disfrutando de los símbolos del poder. Gobernar es legislar para atender a las necesidades de los ciudadanos y promover las reformas que permitan ir adaptando nuestra sociedad a las exigencias del futuro. La legislatura está bloqueada desde la misma investidura, en la que no se sentaron las bases de un proyecto coherente; de hecho, parece que esta existiera sólo para aprobar la ley de amnistía, una concesión que le permitió a Sánchez crear una mayoría que se está demostrando más circunstancial que nunca. Ya se ha subrayado en reiteradas ocasiones que no podía catalogarse de coherente y homogénea una 'mayoría progresista' donde estaban Junts y el PNV, formaciones que no tienen nada que ver con los idearios de ERC y Sumar. El hipotético «somos más», con el que el líder socialista celebró el engañoso resultado del 23-J, empieza a demostrar sus inconsistencias. La amnistía, que pareció concebirse como una injusta condición de posibilidad para la legislatura, ha terminado por convertirse casi en el único propósito compartido por las fuerzas políticas que compusieron una mayoría precaria que se asienta en una mera transacción de intereses mutuos. La llegada del ciclo electoral hizo que el presidente renunciara a su obligación constitucional de elaborar la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la norma vertebral de toda democracia que se precie, pues en ella se materializa el proyecto de país de un estadista. Se da la circunstancia de que, una vez terminado el ciclo electoral y tras la aprobación de la amnistía, los Presupuestos podrían ser la única ley que Sánchez saque adelante siempre y cuando coloque en pública subasta las cuentas del Estado. Ya se ha visto la buena disposición de Sánchez a hacer las concesiones que sean a cambio de votos, una última la fractura de la negociación colectiva nacional a instancias del PNV para que en el País Vasco prevalezca la suya propia. Lo que esta situación expone es que Pedro Sánchez es incapaz de legislar, porque la mayoría que lo situó en La Moncloa es intermitente y los partidos que la conforman tienen agendas no sólo divergentes sino, incluso, contradictorias. Se cumple, con precisión, el vaticinio que le hizo Núñez Feijóo al final de la investidura, cuando le advirtió de que formar un Gobierno con esos mimbres era «un error» de su exclusiva responsabilidad. Incomprensiblemente, los portavoces socialistas se apresuraron a criticar al Partido Popular y no a sus socios por no haber acudido con sus votos al rescate de un presidente aislado. El problema es que, en su investidura, Sánchez habló de «levantar un muro» para aislar a la derecha y a la ultraderecha y, de paso, a los millones de españoles que convirtieron al PP en la fuerza política más votada y a los de Vox. La legislatura está maniatada y, aunque el Gobierno pueda perdurar en el tiempo, su capacidad legislativa estará siempre lastrada por la fragilidad parlamentaria del PSOE. Nunca en nuestra democracia se ha mantenido en el poder un Ejecutivo que haya sido incapaz de aprobar unos presupuestos y que, al mismo tiempo, se haya visto obligado a retirar un proyecto de ley ante la imposibilidad de aprobarlo. Asumidas estas premisas, a Sánchez no le queda otra alternativa que decretar su disolución y reconocer su error.
