El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto-ley que establece la exención del IRPF para las indemnizaciones percibidas por víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. El Ejecutivo cumple así uno de los compromisos adquiridos tras el acuerdo firmado el pasado 8 de enero por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con los representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luís Argüello, y de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego. La medida supone que las compensaciones económicas que reciban las víctimas que no pueden acudir a un procedimiento judicial –por prescripción del delito o por muerte del victimario– dejarán de tributar en la declaración de la renta, tanto si proceden del nuevo sistema mixto articulado entre Iglesia y Estado con la mediación del Defensor del Pueblo como si fueron abonadas –o se abonan– a través de los mecanismos propios de reparación de la Iglesia, entre ellos el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos). Se trata de una de las principales reclamaciones planteadas por las víctimas y también de una cuestión que la propia Iglesia había trasladado al Ejecutivo en el marco de las negociaciones abiertas sobre la cuestión, tras tener conocimiento por algunas de las víctimas indemnizadas desde el Plan PRIVA de que Hacienda consideraba el importe como un ingreso extraordinario y reclamaba el pago de una parte en la declaración de la Renta. Aunque el ministro Bolaños calificó el acuerdo con los obispos y los religiosos como «histórico», insistió que a partir de ese momento, «el Gobierno decide y la Iglesia paga», y obvió reconocer las reparaciones que la Iglesia ya había asumido a través de PRIVA, lo cierto es que las primeras beneficiadas de esta reforma serán el casi un centenar de víctimas ya indemnizadas de forma directa por la Iglesia católica. Según ha podido conocer ABC, desde que en febrero de 2025 comenzó a funcionar este sistema, el PRIVA ha atendido un total de 156 casos, de los que 15 han llegado en los meses de marzo y abril, lo que refleja que el sistema sigue recibiendo nuevas peticiones pese a que se ha habilitado la vía paralela del Defensor del Pueblo. Hasta el momento, se han emitido un total de 94 dictámenes de reparación integral y aunque no hay cifras totales de la cuantía económica que la Iglesia ha pagado como indemnizaciones, ya en marzo superaba los dos millones de euros. Hasta ahora, estas indemnizaciones que ya había asumido la Iglesia, a través de las diócesis o de las órdenes religiosas, quedaban sujetas a tributación al no derivar de una sentencia judicial, sino de acuerdos extrajudiciales o de procedimientos internos de reconocimiento y reparación. La consecuencia era paradójica: una víctima podía recibir una compensación por los daños sufridos y verse obligada después a tributar por ella. Así lo habían notificado a la Conferencia Episcopal algunas de las víctimas que ya habían recibido la indemnización y que habían consultado a Hacienda como la debían declarar a efectos de tributación. Con la modificación aprobada este martes, Hacienda equipara estas indemnizaciones a otros supuestos ya exentos por daños personales graves, evitando que la reparación económica se convierta en una nueva carga para quienes ya han sufrido el abuso.
