Corte Suprema advierte que la independencia judicial está en riesgo
El accionar de la Junta Nacional de Justicia, a tono con las críticas políticas y la desinformación sobre el sistema judicial y jueces concretos, ha movilizado al pleno de la Corte Suprema de Justicia para advertir del peligro que se cierne sobre la independencia judicial.
En un comunicado público, ha recordado el valor que tiene para todo sistema democrático y para la defensa de los derechos ciudadanos la existencia de una justicia independiente de los poderes del Estado. Además, ha reiterado las opiniones y recomendaciones vertidas por la Comisión de Venecia de la Unión Europea sobre las diversas normas y proyectos legales que se evalúan en el Congreso para la reforma de la justicia.
“La independencia judicial es inseparable de la auténtica vida democrática de los países, por lo que resulta indispensable que todas las instituciones se comprometan con su protección y su defensa”, señala el primer punto del comunicado. Para terminar enfatizando que “la democracia no solo consiste en elegir cada cinco años a autoridades gubernamentales y legislativas. Su finalidad principal es la protección efectiva de los derechos de las personas. Y, en ausencia de juezas y jueces independientes, esta protección es, sencillamente, imposible”.
Los políticos y la JNJ
A las críticas de actores políticos, como el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, que habla de “barrer el sistema judicial”, se ha sumado en las últimas semanas la Junta Nacional de Justicia con la decisión de no ratificar al abogado y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Oswaldo Ordóñez, como juez superior especializado de la Corte Superior de Lima.
Además, preocupa el inicio de procesos disciplinarios a jueces de primera instancia del área penal y constitucional de Lima, sin un pronunciamiento previo de la Autoridad Nacional de Control.
En medios judiciales existe el temor de que la Junta, presidida por la abogada y excongresista María Teresa Cabrera, esté utilizando sus prerrogativas constitucionales para intervenir en la vida institucional de la administración de justicia.
Ya lo ha hecho, dicen, con el Ministerio Público al sancionar a los fiscales supremos Delia Espinoza y Pablo Sánchez para alterar la composición de la Junta de Fiscales Supremos. Al no poder desestabilizar a la Corte Suprema, estaría concentrando sus ataques en los jueces de primera instancia.
La Comisión de Venecia
La Corte Suprema recuerda que, preocupada por las críticas constantes contra el sistema judicial, el año pasado solicitó a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia) una opinión sobre la situación de la independencia judicial en nuestro país. El 10 de marzo último, la referida comisión emitió su informe, en el que resaltó principalmente dos aspectos:
Por un lado, observó que la multiplicación de “casos de críticas públicas, desinformación y retórica deslegitimadora contra el Poder Judicial y jueces concretos” constituye una “señal de alarma preocupante” en el Perú. Asimismo, la Comisión sostuvo que, cuando estos ataques “son perpetrados por actores políticos o amplificados por la desinformación”, pueden ser utilizados “para socavar la confianza y el apoyo del público en los tribunales y las instituciones independientes”.
En este particular contexto, en defensa de la independencia judicial, afirmó que cualquier “causa de responsabilidad disciplinaria o penal de los jueces debe estar definida con precisión en la ley y excluir la responsabilidad por decisiones judiciales, salvo en casos de dolo o negligencia grave conforme a los estándares internacionales”.
Preocupación por lo que sucede en el JNE
En la Corte Suprema también hay preocupación por los ataques personales al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el juez supremo titular Roberto Burneo Bermejo, con los que se busca desestabilizar y desacreditar su trabajo en el proceso electoral. El anterior titular del JNE, Jorge Salas Arenas, sufrió un ataque similar en 2021 solo por cumplir su trabajo y defender el pronunciamiento de los ciudadanos expresado en las ánforas.
En 2021 fue Fuerza Popular y hoy es Renovación Popular el que presiona al presidente del JNE para desconocer las elecciones, sin presentar pruebas concretas y verificables de un fraude electoral.