Es una obligación moral y nuestro deber democrático
«No se necesita vivir en España para conocer nuestros problemas. Somos partidarios del voto en todas las elecciones porque afectan a todos los españoles por igual». Esta frase no es de un miembro del Gobierno ni del PSOE, es de un destacado dirigente histórico de la derecha española, Manuel Fraga, pronunciada en Buenos Aires. Durante años los grandes partidos en España entendían la realidad de aquellos miles de españoles que tuvieron que abandonar nuestro país para empezar de cero lejos de su tierra.
España tiene la obligación moral de afrontar el acceso a la nacionalidad de miles de descendientes a los que ese derecho les ha permanecido vetado. En este escenario de reconocimiento se ha reabierto un debate impensable a la vista de la trayectoria de los partidos mayoritarios que a lo largo de la democracia han hecho campaña y han considerado a los españoles en el exterior como parte del cuerpo electoral y de nuestro sistema político con absoluta normalidad.
La ley de Memoria Democrática de 2022 vino a dignificar a miles de hijos y nietos que por distintas circunstancias no pudieron acceder a ese derecho. Descendientes de exiliados políticos y económicos, hijos de madres que al casarse con extranjeros perdieron la nacionalidad y veían durante años cómo su país, a diferencia de otros, caso de Italia, les daba la espalda. Históricamente su acceso a la ciudadanía iure sanguinis fue más laxa que la nuestra. En el marco europeo hay más ejemplos, algunos más restrictivos como el portugués o el francés, y más aún el británico que no vincula nacionalidad y derecho al voto. Alemania legisló vinculando la ciudadanía a los descendientes víctimas del nazismo. Realidades distintas, historias diferentes y lazos diversos sobre los que se ha legislado.
Quienes se muestran contrarios a la disposición octava de la ley de Memoria Democrática que contempla lo que conocemos como «ley de nietos» se amparan en el impacto en pequeñas circunscripciones y en la legitimidad de los documentos que se presentan. Voces reputadas en el ámbito demoscópico, como Narciso Michavila, recordaban estos días el escaso impacto que ha tenido y tendrá el voto CERA en nuestro sistema electoral español. Si nos fijamos en las modificaciones de escaños que ha tenido en estas décadas encontramos muy pocos casos con variación en el resultado final de asignación de escaños y ha beneficiado a distintos partidos.
Recientemente en las elecciones generales de 2023 el voto CERA hizo pasar el último escaño en Madrid del PSOE al PP y en las de 2019 en Bizkaia del PNV al PP. En los procesos autonómicos donde más escaños se han modificado han sido en Galicia y en 2012 en un escaño relevante en favor del PSOE. Quienes plantean una circunscripción exterior siguiendo el modelo francés o italiano, Circoscrizione Estero, obvian que requeriría una modificación del artículo 68 de la Constitución, lo que resulta imposible en el actual clima de polarización de la política española.
Lo que me resulta más llamativo e incomprensible son las declaraciones de quienes han hecho campaña en países como Argentina o Uruguay y ahora ponen en cuestión la fortaleza y las garantías de nuestro sistema electoral. Imagino que la modulación en estos días que pretende llevar a cabo Feijóo encuentra la respuesta en su propia hemeroteca. En 2007 defendía el derecho de todos los nietos de emigrantes «con independencia de si sus abuelos llegaron del exilio o por razones económicas».
En 2023 prometía una «ley específica» para estos descendientes. Y tres años después su afirmación de «ingeniería electoral» desliza la posibilidad de comicios adulterados haciendo un flaco favor a nuestra democracia con esas afirmaciones. Quizás consciente de ese error empiezan a valorar si no hubiese sido más sensato mostrar las legítimas dudas jurídicas que albergasen y posibilitando un marco de entendimiento como el que facilitó en su momento la modificación del sistema de voto rogado. Es de justicia que nuestro país reconozca la nacionalidad para los descendientes de emigrantes. Es una respuesta legítima a nuestra historia y debe reconocerse. Si existen dudas sobre aspectos concretos de su desarrollo es coherente plantearlos y buscar siempre espacios que ayuden a mejorar nuestra democracia y las instituciones que las sustenta.
En cambio, menos razonable me parece cuestionar la labor de toda nuestra carrera diplomática, altos funcionarios e instituciones del Estado que velan por la higiene de los comicios electorales. Lanzar insinuaciones que nos retrotraigan a sistemas poco democráticos donde no resulta imposible un pucherazo electoral no ayuda a la confianza de los españoles en su democracia ni a la imagen de nuestro país dentro y fuera de sus fronteras.
Jamás pienso qué pueden hacer otros por España, solo me detengo en qué debo hacer yo por la tierra a la que me debo y en la que creo. La conclusión a la que llego es la necesidad de defender sus instituciones siempre y el sistema democrático del que afortunadamente hoy disfrutamos.