Europa, primer "electrocontinente" del mundo: tijeretazo al petróleo y el gas de 200.000 M€, facturas de la luz más baratas y más ayudas al coche eléctrico
La Comisión Europea ultima el mayor cambio de rumbo de la política energética comunitaria desde la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. El nuevo Plan de Electrificación, al que ha tenido acceso este diario y que se presenta el próximo viernes, apuesta por acelerar la sustitución del petróleo y del gas por electricidad en el transporte, la industria y los edificios con un objetivo ambicioso: reemplazar hasta dos tercios del consumo de gas, reducir a la mitad la demanda de petróleo y recortar en unos 200.000 millones de euros la factura de las importaciones de combustibles fósiles hasta 2040. En definitiva: convertir a Europa en el primer continente electrificado del mundo.
La iniciativa nace tras la última crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha vuelto a poner de manifiesto la elevada dependencia europea de las importaciones de hidrocarburos. Según la propia Comisión, en apenas 111 días la UE tuvo que desembolsar 50.000 millones de euros adicionales para comprar petróleo y gas, un incremento que engordó la inflación, obligó a endurecer la política monetaria y forzó a numerosos gobiernos a aprobar ayudas extraordinarias.
Esa vulnerabilidad ya no supone únicamente un problema económico, sino también de seguridad y soberanía estratégica. Más de la mitad de toda la energía que consume la Unión sigue dependiendo de combustibles fósiles importados, una exposición que la Comisión pretende reducir mediante una electrificación acelerada.
Europa produce ya alrededor del 70% de su electricidad con fuentes limpias propias, principalmente renovables y energía nuclear, pero el peso de la electricidad sobre el consumo energético total permanece estancado desde hace una década en torno al 23%, muy por debajo del nivel alcanzado por economías asiáticas como China, Corea del Sur o Japón, donde supera el 30%.
Para revertir esa situación, el Ejecutivo comunitario plantea fijar por primera vez un objetivo legal de electrificación dentro del futuro paquete legislativo de la Unión de la Energía previsto para finales de este año. Aunque el porcentaje definitivo todavía está pendiente de negociación en el borrador, el documento fija el horizonte de 2040 como referencia.
El plan sostiene que la electrificación constituye el camino más rápido para reforzar la competitividad industrial, mejorar la seguridad del suministro y abaratar la energía. Además de reducir las emisiones de CO₂ en alrededor de 520 millones de toneladas durante el periodo hasta 2040, Bruselas calcula que impulsará la industria europea de tecnologías limpias, desde los fabricantes de baterías y bombas de calor hasta las empresas de redes eléctricas y equipos industriales.
La Comisión argumenta que muchas de estas tecnologías ya son económicamente competitivas frente a sus equivalentes basados en combustibles fósiles. Un vehículo eléctrico puede reducir hasta un 78% el coste de utilización respecto a uno de gasolina o diésel, mientras que sustituir una caldera de gas por una bomba de calor puede rebajar hasta un 60% la factura anual de calefacción de una vivienda.
Reformar la factura de la luz
Sin embargo, hay varios obstáculos que siguen frenando esa transición. El primero es el precio de la electricidad.
Para Bruselas resulta contradictorio que la energía llamada a sustituir al gas continúe siendo mucho más cara que éste. De media, la electricidad cuesta casi tres veces más que el gas para las empresas europeas y dos veces y media más para los hogares. En la mayoría de los Estados miembros los impuestos, los recargos regulatorios y los costes de red pesan tanto como el propio coste de generación eléctrica.
Por ello, una de las principales novedades consiste en una reforma integral de la factura eléctrica.
La Comisión presentará simultáneamente una propuesta legislativa para reducir la diferencia de precio entre electricidad y gas mediante cambios fiscales, revisión de los peajes de acceso y eliminación progresiva de subvenciones a los combustibles fósiles. El objetivo es que antes de 2030 la electricidad no cueste más de dos veces el precio del gas para la industria y dos veces y media para los consumidores domésticos.
El documento critica abiertamente que numerosos países sigan gravando la electricidad con más impuestos que el gas o incorporando a la factura eléctrica costes ajenos al sistema energético, mientras mantienen ayudas directas o indirectas a los combustibles fósiles.
Sistemas más flexibles
La Comisión quiere que hogares, industrias, centros de datos y propietarios de vehículos eléctricos participen activamente en la gestión de la demanda mediante tarifas dinámicas, almacenamiento energético y sistemas capaces de devolver electricidad a la red cuando no se utiliza.
El desarrollo del vehículo eléctrico bidireccional ocupa un lugar central en esta estrategia. Bruselas calcula que la carga inteligente y la tecnología denominada Vehicle to Grid (V2G) podrían generar ahorros superiores a 44.000 millones de euros anuales para los propietarios de automóviles eléctricos hacia 2040, además de reducir las inversiones necesarias en redes eléctricas.
El almacenamiento también pasa a convertirse en una prioridad. La Comisión fija como objetivo alcanzar 200 gigavatios de capacidad instalada en baterías y otras formas de almacenamiento antes de 2030, frente a los aproximadamente 55 GW actuales. Para conseguirlo simplificará la integración de baterías, promoverá acuerdos de compra de electricidad renovable y organizará una conferencia europea específica para eliminar las barreras regulatorias.
Centros de datos que almacenen
Sobre la expansión de la inteligencia artificial, Bruselas quiere que estas instalaciones se conviertan en un elemento de estabilidad para el sistema al incorporar almacenamiento, producción renovable propia y capacidad para adaptar su consumo en función de las necesidades de la red.
Para ello, Bruselas prevé crear una etiqueta europea de eficiencia para centros de datos y establecer estándares mínimos de rendimiento energético.
Más nuclear, más renovable
La otra gran pata del plan consiste en aumentar de forma acelerada la producción de electricidad limpia. Bruselas sostiene que cuanto mayor sea el peso de las renovables y de la energía nuclear, menor será la exposición de Europa y, en consecuencia, más barata resultará la electricidad para hogares e industrias.
La Comisión recuerda que desde 2021 la Unión ha incorporado 260 gigavatios adicionales de potencia eólica y solar, una capacidad que solo en 2025 permitió sustituir alrededor de 14.000 millones de metros cúbicos de gas y ahorrar más de 5.000 millones de euros en compras de combustible. Sin embargo, considera insuficiente ese ritmo y fija un nuevo objetivo: instalar 100 gigavatios de nueva capacidad renovable cada año hasta 2030.
El documento también lanza un mensaje favorable a la energía nuclear. Sin cuestionar la libertad de cada Estado para decidir su propio mix energético, Bruselas propone agilizar la autorización de nuevos reactores y favorecer la prolongación de la vida útil de las centrales existentes.
A ello se suma un renovado impulso a la geotermia, una fuente infrautilizada. Según sus cálculos, podría cubrir hasta un 10% de la demanda eléctrica europea y una cuarta parte de las necesidades de calefacción y refrigeración si se eliminan los obstáculos.
Otro de los cambios más relevantes afecta al coste inicial de la electrificación. La Comisión pretende facilitar que los Estados reduzcan el IVA aplicado a vehículos eléctricos, bombas de calor, baterías domésticas y otras tecnologías limpias. También anima a utilizar incentivos fiscales, préstamos blandos y mecanismos de financiación respaldados por fondos europeos para abaratar unas inversiones que, aunque rentables a medio plazo, siguen siendo inasumibles para numerosos hogares y pequeñas empresas.
El documento incorpora además una fórmula que hasta ahora apenas había tenido desarrollo en Europa: el llamado alquiler social de tecnologías limpias. Consiste en programas públicos que permitan acceder mediante cuotas reducidas a vehículos eléctricos, bombas de calor, instalaciones fotovoltaicas o baterías domésticas, de forma que el ahorro energético mensual compense el coste del alquiler. Los fondos del futuro Fondo Social para el Clima servirán para financiar este tipo de programas dirigidos a familias de renta baja y media.
130.000 millones para la industria
La industria concentra otro de los grandes capítulos del plan.
Aunque el sector ha mejorado notablemente su eficiencia energética durante las últimas décadas todavía representa cerca de una cuarta parte del consumo energético europeo y continúa dependiendo del gas. Bruselas estima que aproximadamente el 60% del consumo industrial basado actualmente en combustibles fósiles ya podría electrificarse, especialmente mediante bombas de calor industriales, calderas eléctricas y hornos de arco eléctrico.
Para acelerar esa transformación, la Comisión propone movilizar el futuro Banco Europeo para la Descarbonización Industrial, dotado con 100.000 millones de euros, junto con un mecanismo adicional de inversiones de 30.000 millones financiado con ingresos del mercado europeo de emisiones.
Más incentivos al coche eléctrico y las viviendas
El transporte constituye otro de los pilares esenciales. La Comisión recuerda que este sector consume casi un tercio de toda la energía utilizada en la Unión y sigue siendo el principal responsable de la dependencia petrolera europea.
Aunque las matriculaciones de vehículos eléctricos ya representan más del 20% de las ventas en 2026 y circulan más de ocho millones de automóviles de batería por las carreteras europeas, Bruselas considera que la transición es lenta. De hecho, los eléctricos puros solo representan solo el 2,9% del parque de vehículos en la UE. Sin embargo, el año pasado estos vehículos evitaron importaciones de petróleo valoradas en 4.100 millones de euros.
Por ello recomienda ampliar los incentivos fiscales, revisar la directiva europea sobre contratación pública de vehículos limpios, extender las ventajas para las flotas empresariales y reforzar el apoyo financiero a los camiones eléctricos, la navegación marítima electrificada y, en menor medida, la aviación.
En este sentido, se incluye la electrificación como parte del régimen de apoyo a los combustibles alternativos sostenibles (SAF) para la aviación y ampliar a más sectores marítimos el fondo de descarbonización.
En paralelo, revisará el reglamento europeo sobre infraestructuras de recarga con el objetivo de acelerar el despliegue de puntos de carga, especialmente para transporte pesado.
Los edificios representan igualmente una prioridad estratégica. Actualmente consumen en torno a la mitad del gas utilizado en la UE y, según Bruselas, constituyen uno de los ámbitos donde la electrificación puede generar un ahorro económico más inmediato.
La Comisión quiere duplicar antes de 2030 el ritmo de instalación de bombas de calor respecto a 2025 y estudia incluso imponer su utilización en determinados edificios públicos.
Resolver el cuello de botella de las redes
La expansión de las redes eléctricas constituye otra condición indispensable para alcanzar estos objetivos.
Las largas listas de espera para conectarse a la red se han convertido en uno de los principales cuellos de botella del proceso de electrificación. Por ello propone agilizar las autorizaciones administrativas, mejorar la planificación de infraestructuras y movilizar financiación del Banco Europeo de Inversiones, que prevé destinar más de 75.000 millones de euros durante los próximos tres años a proyectos energéticos, con especial atención a las redes de transporte y distribución.
El desafío que supone este plan choca con la falta de mano de obra especializada.
La Comisión calcula que el sector energético necesitará incrementar un 50% su fuerza laboral antes de 2030 y que harán falta alrededor de medio millón de instaladores cualificados para atender la demanda prevista de bombas de calor, redes eléctricas y nuevas tecnologías de electrificación. Para responder a esa carencia impulsará programas de formación profesional, facilitará el reconocimiento de cualificaciones entre Estados miembros y promoverá acuerdos entre fabricantes y centros educativos para acelerar la incorporación de nuevos técnicos.
Asimismo, Bruselas quiere que buena parte de los equipos necesarios para esta transición se fabriquen dentro de la UE. Para ello anuncia nuevos criterios de contratación pública que favorezcan tecnologías europeas, reforzará las exigencias de resiliencia de las cadenas de suministro y promoverá una gran Alianza Europea para la Electrificación que reunirá a fabricantes, operadores de redes, empresas energéticas, industrias y administraciones públicas.