Suspenden por seis meses al juez Juan Varillas por presuntas irregularidades en el caso El Comercio

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) suspendió por seis meses al juez Juan Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil-Comercial de Lima, tras descubrir que el magistrado resuelve las causas a su cargo fuera del despacho y en equipos que no pertenecen al Poder Judicial. Además, por dar una inusual celeridad a la medida cautelar sobre la compra-venta del Grupo El Comercio, pesé tener pendientes de resolver otros procesos más antiguos, algunos con hasta seis meses de retraso.

Precisamente, Varillas Solano adquirió notoriedad en las últimas semanas luego que, conforme había advertido La República, concedió en apenas tres días una medida cautelar de no innovar a favor de los accionistas Hernando López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechelin y Arthur do Naascimiento Silva.

Según fuentes judiciales, el juez debe responder por cuatro graves irregularidades. 1) la redacción de proyectos judiciales fuera de las computadoras oficiales del Poder Judicial y su traslado en un USB personal; 2) haber calificado de forma preferente y veloz la medida cautelar presentada por Hernando López de Romaña dejando de lado otros 99 expedientes con ingreso anterior; 3) faltar a la verdad sobre la forma en que resolvió el caso El Comercio; y 4) negarse a entregar el USB personal que, según su declaración, utiliza para resolver los casos a su cargo.

Esta no es la primera vez que Varillas Solano enfrenta un proceso disciplinario. El magistrado acumula dos sanciones de suspensión anteriores, en los periodos 2016-2017 y 2024-2025. Además, en octubre de 2024, la Unidad de Sanción y Apelación de la propia ANC-PJ había pedido su detención en otro caso.

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Fuera del despacho

Según las fuentes judiciales, Juan Varillas Solano declaró que por falta de tiempo se lleva los expedientes a su casa y proyecta sus resoluciones en un USB que luego trae a su despacho ingresando las resoluciones al sistema.

"Asimismo, por la falta de tiempo para poder trabajar en las horas laborales, me llevo algunas medidas cautelares a mi domicilio y las trabajo en un USB sin que las mismas queden registradas”, mencionó.

Esto, según los jueces investigadores, es una grave flagrante inconducta administrativa y funcional al redactar resoluciones de alta sensibilidad judicial en computadoras que no forman parte del equipo informático institucional asignado por el Poder Judicial, transportando dicha información privilegiada y confidencial en un dispositivo USB de uso personal, sin ningún tipo de control de seguridad o encriptación.

Sin embargo, la ANC-PJ descubrió que este sistema de trabajo no es inusual sino su modus operandi. Al revisar la computadora asignada a su despacho se encontró solo 4 archivos de trabajo, lo que no guarda relación con la producción de su despacho. De las 717 solicitudes de medidas cautelares recibidas, el juez resolvió 618 y dejó pendientes 99. Es decir, resolvió más de 600 casos, sin contar sentencias y otros escritos, pero no dejó ningún borrador ni registro de esas decisiones en la computadora de la institución. Al desconocerse el lugar donde elabora sus resoluciones, elude el control institucional impidiendo evaluar su desempeño y descartar alguna sospecha de inconducta funcional.

Además, al llevarse el trabajo a computadoras personales ajenas al Poder Judicial afecta la reserva y confidencialidad de los procesos, pues hay un alto riesgo de filtración, falta de supervisión y se crea un sistema desordenado donde el juez le entrega las resoluciones en un USB a su asistente,  Norma Yucra Mendoza, para que ella las suba al sistema.

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Falta a la verdad

Sobre la medida cautelar del caso El Comercio, declaró que lo examinó fuera del PJ. "Lo trabajé en mi casa y lo traje en un USB y luego lo revisé aquí en mi despacho varias veces y lo pasé a mi asistente en el USB quien lo colgó en el sistema”.

Sin  embargo, la Unidad de Investigación y Análisis de la ANC-PJ no corrobora esa coartada. El reporte ubicó su creación el 30 de julio a las 11:28:32 de la su modificación a las 11:40:29 del mismo día con un tiempo de edición de cero minutos, con el campo de autor en blanco. "El archivo ha sido creado por el usuario" “No es un equipo que pertenece al Poder Judicial”, concluyó el informe.

Para la ANC-PJ, ese "cero minutos" es la prueba clave, ya que si el juez hubiera "revisado revisado varias veces el documento en su despacho, el archivo debería mostrar un tiempo mayor de trabajo, con pausas y correcciones.

En cambio, el registro indica que el texto llegó ya armado desde afuera y se subió de un solo golpe. Según el órgano de control eso equivale a incumplir el deber de todo juez de trabajar con transparencia y guardar una conducta intachable.

¿Dónde está el USB?

Cuando los investigadores de la ANC-PJ  visitaron el Séptimo Juzgado Comercial, el pasado 3 de agosto, luego de reconocer que la referida resolución la trabajó en un USB, el juez se comprometió a entregarlo esa misma semana, con plazo hasta el viernes 7 de agosto. Sin embargo, esa fecha llegó y pasó, y el dispositivo nunca llegó a manos del órgano de control.

La ANC-PJ sostiene que no cooperar con una investigación de este tipo es una falta grave, porque bloquea el trabajo mismo de fiscalización que le corresponde hacer a la mencionada institución.

Orden de prioridad

También se le atribuye haberle dado celeridad inusual a un caso sobre otros que esperaban una respuesta desde tiempo anterior. Los casos deberían resolverse en el orden en que llegan al Poder Judicial, salvo que exista una razón de mucha importancia para saltarse ese orden, esto puede ser una emergencia de salud, un tema constitucional urgente, algo así.

Pero, conforme lo había advertido La República, el juez resolvió este caso en apenas tres días. La demanda de los accionistas minoritarios de El Comercio ingreso al juzgado el 21 de julio y, de acuerdo con el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Superior de Justicia de Lima,  el juez resolvió la medida cautelar a las 12.19 p. m. del jueves, 30 de julio de 2026.

Es decir, todo sucedió entre el 21 y 30 de julio, pero debe tenerse en cuenta que el 23 de julio fue feriado, luego 25 y 26 corresponden al sábado y domingo, el 27 de julio fue día libre compensable en la administración pública, 28 y 29 feriado. Eso dejó para el estudio del expediente y resolver el 22, 24 y 30 de julio, eso son tres días.

Pero, eso no fue todo. El informe técnico de control encontró que en el Séptimo Juzgado Comercial hay 99 medidas cautelares pendientes de resolver, muchas de ellas con un retardo injustificado, lo que evidencia un trato desigual a los litigantes y una dilación indebida de los procesos. Hay casos con seis, cuatro, dos y un mes de retraso. Procesos que no tuvieron ninguna celeridad.

"En este caso, no existía ninguna causa real o legal de prioridad para saltarse el orden de prelación cronológico del despacho en favor de los solicitantes de la medida cautelar, es decir no se advierte una justificación de la celeridad inusual, verbigracia, proceso constitucional, problemas de salud del accionante, alimentos, etc.

Mientras el juez se encuentre suspendido, la ANC-PJ continuará con una investigación disciplinaria para definir y aclarar los hallazgos lo que podría concluir con un pedido de destitución del magistrado, es decir su expulsión del Poder Judicial.