Puigdemont, control total
No han hecho falta ni dos meses de Gobierno para demostrar que Sánchez será capaz de conceder a Puigdemont todo lo que éste le pida con tal de garantizarse su supervivencia política. La cesión del PSOE ante los chantajes del separatismo catalán hizo posible salvar, 'in extremis', la convalidación de dos de los tres decretos ley que ayer la Cámara Baja sometió a votación. Tanto el decreto 'ómnibus' como el plan anticrisis salieron adelante gracias a la abstención de Junts que, hasta el último minuto, amagó con tumbar los dos decretos leyes que el Ejecutivo necesitaba convalidar. Podemos, sin embargo, sí cumplió su venganza personal contra Yolanda Díaz y votó en contra del decreto promovido por la vicepresidenta. El sometimiento de los socialistas a quienes hasta hace poco Sánchez describía como los herederos de Le Pen en España queda definitivamente consagrado. Amnistiar a delincuentes a cambio de un apoyo de investidura fue, simplemente, la primera parte del pago. En contra de lo consignado por Santos Cerdán en un hotel de Bruselas el 9 de noviembre, y de lo ratificado después por el presidente del Gobierno, el pacto con Junts no fue un pacto de legislatura, sino que consistió en un mero acuerdo de investidura que se iría prolongando en forma de extorsión constante y continua para la que los socialistas se muestran perfectamente dispuestos. Sánchez va a tener que negociar cada iniciativa legislativa que emprenda con recompensas y, tras elevar un muro frente al partido más votado y contra la mitad de los españoles, está demostrando una ausencia total de límites a la hora de satisfacer al independentismo. El órdago de los de Puigdemont, al igual que durante las negociaciones de investidura, volvió a demostrar su eficacia a la hora de someter a un Ejecutivo excepcionalmente débil, pero capaz de todo. Amnistiar a delincuentes a cambio de votos no fue un hecho excepcional sino que, tras la sesión de ayer, podemos confirmar que aquel gesto políticamente infame se convertirá en el patrón de conducta de la nueva legislatura de Sánchez. La colección de capitulaciones que realizó el PSOE resulta del todo inasumible ya que lesiona garantías democráticas elementales, como la igualdad entre españoles. Entre las cesiones hechas públicas por Junts se cuenta el control total de la inmigración por parte de Cataluña, lo que constituye un hecho diferencial entre comunidades sobre una realidad enormemente sensible y estratégica. La abstención de Junts ha requerido también la concesión de nuevas prebendas económicas y el reconocimiento de derechos históricos excepcionales. A la vista de lo sucedido, caben pocas dudas de que la fragilidad parlamentaria del PSOE constituye un severo desafío para los intereses nacionales ya que malbarata la estructura del Estado y convierte al Poder Legislativo en una subasta permanente. Un huido de la Justicia como Puigdemont se consagra, una vez más, como el gran triunfador gracias al perverso mecanismo de compensación inaugurado por Sánchez: cuanto mayor debilidad exhiba el PSOE, mayores concesiones estarán dispuestos a aceptar los socialistas. El triunfo de Puigdemont entraña, necesariamente, la quiebra de no pocos principios democráticos. Pero la condición agónica de la votación demuestra otra debilidad injustificable en el Partido Socialista: la torpeza de sus negociadores. Si, como ya sabíamos, los de Sánchez iban a ceder en todo, podrían haber pactado el apoyo de Junts con mucha mayor antelación y, al menos, podrían habernos ahorrado una sesión del Congreso que fue esperpéntica y que degradó, de paso, los valores que deben inspirar al parlamentarismo.