Formación: Tres años para una ley «urgente» y tres más para su aplicación
Se prometió como una revolución en el panorama nacional para poner orden tras el escándalo de los cursos de formación y, ayer, después de tres años de prolegómenos para alcanzar «el mayor de los consensos» posibles, tras el Consejo de Gobierno, los titulares de Educación, Sonia Gaya, y Empleo, Javier Carnero, apenas acertaban a concretar de qué se trata, al margen de la lectura de las líneas preparadas por sus equipos. La propia consejera llevó a la confusión al hablar reiteradamente de «anteproyecto de ley» y no de proyecto debido a que, se justificó después, hasta su paso minutos antes por el Consejo de Gobierno ésa era su denominación. Sí acertó a explicar que el anteproyecto previo existente poco menos que sirvió para nada. «Se parte de cero», dijo. Cuando hace tres años se anunció la Ley de Formación Profesional en Andalucía había casi 1,4 millones de parados y una tasa del 34,23%. En 2017, la tasa de paro está en un 25,4% y el número de desempleados se sitúa en torno al millón. Entretanto, el curso pasado se quedaron sin poder cursar Formación Profesional 30.000 alumnos. La Ley, que todavía debe superar el trámite parlamentario, no se espera para antes de 2020 aunque oficialmente se espera que esté «lo antes posible». De hecho, el proyecto cuenta con una memoria económica «progresiva» hasta el próximo año 2020, en el que se prevé que entre plenamente en vigor, de un total de 189.935.400 euros. Según la misma, los ciclos formativos andaluces aumentarán hasta 715 y hasta 25.800 las plazas de FP, mientras que se dará un incremento de efectivos docentes, hasta 1.621.
La Ley de Formación Profesional forma parte de las iniciativas acordadas con Ciudadanos para el apoyo a Susana Díaz en su investidura. No obstante, en la época de cogobierno de PSOE e IU ya se hablaba de la norma. Se han empleado tres años para una iniciativa que, según el Consejo Económico y Social, «apenas tiene carácter innovador». Este órgano, como ya informó LA RAZÓN, señaló que «gran parte del articulado es la traslación del contenido de normas estatales e incluso de normas autonómicas», apelando a un «uso excesivo del ‘lex repetita’», esto es, un «corta y pega». Para este órgano asesor, la referencia temporal 2018-2020 que se indica en la memoria económica pudiera tratarse «más de un plan de actuaciones que de una ley». El Consejo de la Competencia también detectó fallos en la norma, trasladando a la Junta que revise los objetivos y varios artículos para garantizar la seguridad jurídica.
Por su parte, la Dirección General de Presupuestos ya avisó de que para futuras cuentas, dada la partida prevista para la norma, la Junta se verá «abocada» a suprimir otras actuaciones para financiar la Ley de FP. Cabe recordar que, según el Consejo Económico y Social de Andalucía, el presupuesto de formación para el empleo se ejecutó en un 8,4% en 2016.
La consejera Sonia Gaya resaltó que se vaya a contar con «un texto único y claro», destacando tres aspectos: la red de centros, la integración-colaboración con las empresas y formación del profesorado. El consenso fue otro de los aspectos más valorados por los consejeros. Carnero habló del aval «de 78 asociaciones del sector». Se trata de «un marco flexible y coherente», cuyo objetivo, en el contexto de la «Estrategia 2020», consiste en «anticiparse a los cambios», después de tres años de elaboración. Se tratará de «una formación dual», con «mejor financiación» para «cubrir las necesidades de formación del nuevo tiempo político», dijo. En definitiva, «un impulso a la competitividad y un valor añadido», expuso Carnero, quien, a su vez, presentó el decreto regulador del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, que prevé beneficiar a más de 54.000 personas y contará con un presupuesto inicial de 308,87 millones para 2018 y 2019.
La futura norma «creará una red pública de centros, un servicio de orientación profesional y nuevas formas de gobernanza». Además, «sentará las bases para establecer un sistema permanente que desarrollará el acceso, asesoramiento, evaluación y certificación de competencias profesionales, de acuerdo con la normativa estatal». De esta manera, «habrá una planificación que garantice que la FP responda a la demanda de mano de obra cualificada». El proyecto recoge la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, integrado por las actividades de formación, el servicio de orientación profesional y los agentes sociales y económicos, así como la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de formación. La nueva ley recogerá también la atención a la formación en nuevas tecnologías de la información, ante los retos de la economía digital.