La Junta investiga el uso de viviendas protegidas como alquileres turísticos
El alquiler turístico se ha convertido en un fenómeno de consecuencias económicas y sociológicas. Como tal, no escapa de las prácticas irregulares ni de la picaresca. La burbuja de los pisos turísticos se ha disparado un 50% en el último año. El turismo conlleva un efecto arrastre en todo el mercado y las perversión del sistema con el fraude. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio investiga 174 casos de viviendas protegidas al existir indicios de que sus propietarios las hayan alquilado para uso turístico. Los dueños de estos inmuebles se pueden exponer a sanciones que oscilan entre los 9.000 y los 10.000 euros, informó la Junta. Actualmente, las Delegaciones Territoriales están investigando estos casos para verificar si se han producido infracciones de carácter grave por utilizar estas viviendas para otro fin que no sea el de residencia habitual.
El pasado año alrededor de 4,4 millones de viajeros alquilaron alojamientos turísticos. El pasado año había casi 245.000 plazas para turistas, estos es, una de cada tres disponibles en el conjunto de hoteles, apartamentos y hostales. Estas cifras se han duplicado. La oferta, no obstante, no puede absorber la creciente demanda y hasta las VPO se usan para hacer negocio con el turista. El área de inspección de la Junta «ha realizado actuaciones de investigación que afectan a 25.536 viviendas, de las cuales 346 se encontraban ubicadas en parcelas con promociones de vivienda protegida», señaló la Consejería. Una vez descartadas las viviendas ya descalificadas, «se ha estrechado el cerco a estos 174 casos de viviendas protegidas que se siguen investigando para determinar si sus dueños han procedido a su alquiler con fines turísticos». Durante los ejercicios 2018 y 2019, se han tramitado 14 procedimientos sancionadores por el uso no autorizable de la vivienda protegida como alquiler turístico, que se encuentran finalizados con resolución. En muchos de los casos, «los infractores han procedido al cese voluntario de esta actividad y al pago de la sanción». En 2019 se han abierto diligencias previas de investigación, previstas en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que afectan, en principio, a otras 30 viviendas protegidas en las que existen indicios graves de que se están destinando a un uso turístico no autorizable. «Con la apertura de estas diligencias se determinará con la mayor precisión posible la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias o hechos relevantes para la incoación en su caso, de expediente sancionador conforme a lo señalado en la normativa vigente», apuntó la Junta. La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (artículo 4.1) y el Decreto 146/2016, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad (artículo 11) recoge que las viviendas protegidas han de destinarse a residencia habitual y permanente del titular autorizado. Las primeras multas a pisos turísticos llegaron a principios del pasado año, con sanciones de más de 200.000 euros a 250 propietarios.