Los autónomos se ahogan por el retraso en los pagos de autonomías y ayuntamientos
Cuando los pagos comienzan a retrasarse es que algo no va bien. Eso es lo que han comenzado a pensar muchos pequeños empresarios y trabajadores autónomos cuando las mayoría de comunidades autónomas empiezan a retrasar los plazos de pago a sus proveedores por las tensiones derivadas de su Tesorería. Así lo han denunciado desde la asociación de autónomos ATA, que temen que “los periodos de pago se vuelvan a incrementar en breve”, cuando se conozcan los datos del periodo medio de pago a proveedores del mes de agosto, que todo apunta no serán buenos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, exige “una solución urgente para que el Estado pague a las comunidades lo adeudado”, y estas puedan ponerse al día. “La morosidad es una de las principales causas de mortalidad empresarial y hay muchos autónomos que no van a poder aguantar”, asegura.
El Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los datos del periodo medio de pago de julio, que muestran un claro retraso en los plazos de las administraciones, en concreto de las autonómicas y las locales. Las autonomías han pasado de un periodo medio de pago de 36 días en junio a 39 días en julio, tres días más. Andalucía, Canarias y Galicia, con 17 días de media, son las comunidades con los plazos de pago más reducidos. País Vasco (22) y Navarra (24) se mantienen dentro de los márgenes legales de 30 días junto a Asturias, Extremadura y Castilla y León. Por contra, Baleares es la que más ha empeorado, pasando de pagar en 29 días a extenderse hasta 41. Sin embargo, la palma se la llevan Cantabria y Murcia. Ambas se van a los 58 días. Tampoco cumplen con la ley Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana
Por su parte, las administraciones locales también han elevado su plazo medio de pago. Lo han hecho solo en un día, de 66 a 67 días. No parece mucho, pero siguen incumpliendo con los periodos legalmente establecidos.
En este caso, el Estado sí que da ejemplo, y es la única administración pública que cumple con la ley, es decir, paga en un periodo medio de 30 días.
Para el presidente de ATA, “la morosidad es uno de los principales problemas que frenan en seco nuestra continuidad y consolidación”. Por ello, exige al Gobierno que se establezca un régimen sancionador para todos los incumplan los plazos de pago estipulados por ley, sean entidades públicas o privadas.