El fraude en Andalucía superará los 900 millones cuando se termine de juzgar el caso
Un puñado de años de su vida es lo que han gastado los abogados del PP andaluz Luis García Navarro y Lourdes Fuster a la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía y presuntamente fraudulentos, a la que se han dedicado con persistencia para que nadie se colara por ninguna grieta.
Por eso no disimulan su satisfacción por el fallo de la pieza política que condena a 19 ex altos cargos del Gobierno regional, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. «Hacemos una valoración positiva de la sentencia dictada, en la medida en que asume las tesis que hemos venido defendiendo desde la acusación popular, que eran muy parecidas o similares a las que mantenía la Fiscalía Anticorrupción», trasladó ayer a LA RAZÓN en concreto García Navarro.
Considera que la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Sevilla «está plenamente ajustada a derecho, los hechos probados son contundentes y han puesto negro sobre blanco nueve años de corrupción socialista en Andalucía».
«Debería avergonzar al PSOE el haber dilapidado 680 millones de euros que tenían que haber sido para favorecer la creación de empleo y su estabilidad y que al final se han despilfarrado en sus amigos, las empresas de sus amigos y en los militantes socialistas», critica.
Y aporta un dato: el montante de 679.432.179,09 en el que la Fiscalía cifró definitivamente el fraude y que ha hecho suya el tribunal no será la definitiva. El letrado del PP-A anota que «el dinero que se ha defraudado no son los 680 millones, queda todavía por enjuiciar los años 2010, 2011 y 1999, ya que sólo se ha dictaminado por ahora del 2000 al 2009, con lo que previsiblemente se superarán los 900 millones de euros de responsabilidad civil». Ello si, como esperan, «todo sale acreditado en el resto de las piezas y de los procedimientos judiciales que aún están en curso».
Condenas civiles en vez de penales
Preguntado por si se va a poder recuperar o no el dinero –la Junta ha recobrado de momento 6,7 millones, según la última información oficial hecha pública–, el letrado contesta que eso «es lo verdaderamente importante». «Si no hubiera sido por la actuación del Gobierno de Susana Díaz que se reservó las acciones civiles del procedimiento, después de solicitar el sobreseimiento del mismo porque no veían indicios de delito, cosa que se ha demostrado que era absolutamente falsa; hoy en día los que han sido condenados penalmente hubieran sido condenados civilmente», resume.
En ese punto, recuerda que Anticorrupción, a la que «felicita por el trabajo realizado», pidió en su escrito de conclusiones provisionales «la responsabilidad civil de todos y cada uno de los que ahora han sido condenados», si bien no pudo mantenerla porque el Ejecutivo de Díaz se guardó la baza de «esas acciones civiles para el futuro, para después de la sentencia».
«Si no se hubiera actuado así», insiste, «los condenados penalmente hubieran sido condenados civilmente a devolver el dinero defraudado». Ahora la pelota está en el tejado de los servicios jurídicos de la Junta, que «tendrán que plantearse qué solución tienen que dar». Con todo, García Navarro entiende que el intentar reingresar el dinero a las arcas públicas «no tiene por qué ser una batalla larga y difícil», dado que «hay unos condenados por malversación de caudales –entre ellos Griñán– y unos hechos probados en la sentencia que deben vincular al tribunal civil a la hora de ejecutar esa responsabilidad».
Para la Audiencia el «daño» a lo público se aprecia no solo «por el elevado valor de las cantidades sustraídas», sino también porque la «arbitrariedad en la concesión de las ayudas» por parte de los ejecutivos socialistas hizo que, entre otras cuestiones, «se vieran privados de su derecho acceder» a las subvenciones «un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial». Y crecerá, al quedar aún centenares de piezas a la espera de juicio.